ELECCIONES EN ABONOS

Por Irradia Noticias

Hablemos de quienes quieren elecciones completas, pero quierenfinanciarlas en abonos: hablamos de las y los diputados de Morelos.

El 13 de noviembre, el Gobierno estatal presentó el Paquete Económico 2027 y destacó que el IMPEPAC solicita 117 por ciento más de presupuesto que en 2026. Dicho así, cualquiera levanta la ceja. Pero falta contar lo esencial: ¡en 2027 hay elecciones! ¿Esperaban organizarlas con el mismo dinero y multiplicando las hojas de papel?

La solicitud ronda los 531 millones de pesos. Antes del escándalo, saquemos la calculadora: aproximadamente 171 millones corresponden a prerrogativas de los partidos políticos. Sí, los mismos partidos que competirán por nuestros votos y necesitarán financiamiento para sus actividades y campañas. Ese dinero está incluido; no es gasto operativo del instituto.

Ahora recorramos el estado. Se requieren 33 consejos municipales para las elecciones de ayuntamientos por partidos políticos, 12 consejos distritales para las diputaciones de mayoría relativa y tres consejos en municipios indígenas, donde también se reciben votos para diputaciones, aunque sus autoridades municipales se elijan mediante sistemas normativos indígenas.

¿Y esos consejos funcionan solos? No, necesitan personal, inmuebles, computadoras, capacitación y logística. También hay que cubrir el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, para informar oportunamente a la ciudadanía. La certeza electoral requiere trabajo, tecnología y recursos; no aparece por decreto.

Se debe comprar material electoral como mampara, urnas, boletas y todo lo que requiere el electorado para sufragar.

El Programa Operativo Anual, el POA, establece actividades y metas, pero ninguna se paga con aplausos. Además, preparar las elecciones empieza desde 2026 y se necesita dinero desde ya. Una ampliación mínima autorizada del congreso para este año incluyó 15.9 millones; aun así, el IMPEPAC reportó insuficiencia y suspensión de contrataciones ya que el congreso no entrego todo lo que el OPLE solicitó.

Por eso importa preguntar qué necesidades quedaron sin cubrir. Cuando el dinero llega tarde o resulta insuficiente, las obligaciones siguen ahí, con menos tiempo para cumplirlas. Después resulta comodísimo señalar al instituto por las dificultades que otros ayudaron a provocar.

Que el Congreso revise cada peso, por supuesto. Pero que explique también cada recorte: qué considera prescindible, cómo se realizará esa tarea y quién asumirá las consecuencias. Decir “gasten menos” desde una curul no resuelve una sola necesidad electoral. La pregunta es sencilla: ¿con qué recursos pretenden que se cumpla todo lo exigido?

Las y los diputados deben entenderlo: organizar elecciones adecuadas es una obligación pública. Si quieren competir, exigir resultados y presumir democracia, empiecen por garantizar sus condiciones materiales. Porque la austeridad que compromete nuestro derecho a votar también tiene un costo, y lo pagamos todas y todos.

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