- Cerdeira cuestiona la utilidad del padrón y advierte sobre los riesgos de asociar delitos con titulares equivocados cuando no existe certeza sobre quién utiliza realmente las líneas
Una investigación sobre el registro obligatorio de líneas celulares llevó a la periodista Pamela Cerdeira a descubrir que una compañía telefónica tenía asociado a su nombre un número que asegura nunca haber utilizado. El hallazgo abrió interrogantes sobre la confiabilidad del padrón y su eficacia como herramienta para combatir la extorsión.
Cerdeira, periodista y directora general de Opinión 51, explicó que comenzó a investigar la aparición de un mercado negro de tarjetas SIM presuntamente ya registradas, ante la posibilidad de que la obligatoriedad del trámite generara una oferta de líneas que pudieran adquirirse con el procedimiento realizado.
Para comprobarlo, localizó un establecimiento donde vendían estas tarjetas, compró una y revisó su estatus. El sistema confirmó que el número ya estaba registrado, aunque no le permitió conocer a nombre de quién.
Después revisó si había líneas telefónicas asociadas con sus propios datos y encontró un número que no reconoce.
“Esa misma compañía tenía un número que yo no conozco, nunca he tenido registrado a mi nombre”, relató en entrevista.
La empresa le informó que la línea estaba vinculada con su CURP y le proporcionó el número completo. Cerdeira intentó contactar a quien utilizaba ese teléfono, pero la persona terminó bloqueándola al considerar que podía tratarse de un intento de extorsión.
Posteriormente solicitó a la compañía que desvinculara sus datos de ese número. Sin embargo, no pudo realizar el procedimiento directamente desde el sitio de la empresa, pues la plataforma le solicitaba el número telefónico completo y ella solamente conocía sus últimos dígitos. Fue hasta que la compañía le proporcionó la información que pudo identificar la línea.
Un padrón difícil de mantener actualizado
Para Cerdeira, uno de los principales problemas es cómo se mantendrá vigente la información una vez que las líneas estén registradas.
Explicó que los teléfonos y las tarjetas SIM pueden cambiar de propietario o usuario: una persona puede vender su equipo, regalarlo, prestarlo o entregar su tarjeta a alguien más. También puede dejar de utilizar un número, particularmente cuando se trata de líneas de prepago.
Por ello, cuestionó quién garantizará que los datos del padrón sigan correspondiendo con las personas que efectivamente utilizan cada línea.
“¿Quién se va a encargar de que ese registro sea vivo y que sea vigente?”, planteó.
Consideró que mantener actualizado ese vínculo representaría un desafío operativo y económico para las compañías telefónicas, pues no bastaría con registrar inicialmente los datos, sino que habría que verificar que continúen correspondiendo con quienes utilizan los números.
Cuestiona su eficacia contra la extorsión
Otro de sus cuestionamientos está relacionado con el objetivo de utilizar el padrón para combatir la extorsión. A su juicio, la medida difícilmente impedirá que los delincuentes utilicen teléfonos registrados con identidades ajenas o recurran a mecanismos para ocultar quién está detrás de las llamadas.
“Tendría que ser el delincuente más idiota para extorsionar desde un número registrado a su nombre”, afirmó.
La periodista cuestionó que identificar al titular de un número sea suficiente para determinar quién cometió una extorsión, pues el registro no garantiza que la persona cuyos datos aparecen asociados a una línea sea quien realmente la utiliza.
También consideró que la medida podría obligar a usuarios y compañías telefónicas a realizar trámites y adecuaciones tecnológicas sin que eso necesariamente se traduzca en una reducción del delito.
Cerdeira señaló que el registro responde a una decisión política relacionada con demostrar poder y control. También mencionó que desconoce si su implementación tiene relación con algún acuerdo con Estados Unidos, país que, según dijo, también discute la creación de un padrón similar.
Riesgos para quienes aparecen como titulares
Durante la entrevista se abordó la posibilidad de que una persona cuyos datos estén asociados a un número utilizado para extorsionar termine involucrada en una investigación, aunque no sea quien utiliza la línea.
Cerdeira dijo que quisiera pensar que las autoridades necesitarían más elementos que la titularidad de un número para detener a alguien, pero expresó preocupación por la actuación de las instituciones y la falta de claridad en los procedimientos.
“Uno pensaría que se necesitaba una orden judicial para que las compañías telefónicas le dieran esa información”, comentó, al cuestionar las condiciones en que las autoridades podrán acceder a los datos contenidos en el padrón.
A su juicio, es necesario establecer reglas claras sobre el acceso a la información personal de los usuarios y garantizar mecanismos accesibles para detectar y corregir registros de líneas que no reconocen.
Sobre este último punto, reconoció que, cuando se modificaron los lineamientos y se amplió el plazo del registro, se incorporaron cambios para facilitar el procedimiento, entre ellos el acceso a la información de las líneas asociadas a una persona. Sin embargo, aclaró que no ha revisado cómo funcionan actualmente los mecanismos de cada compañía.
También cuestionó que la implementación de los lineamientos haya quedado en buena medida a criterio de las empresas telefónicas, que desarrollaron sus propios procedimientos para cumplir con las disposiciones.
Amparos y usuarios que no han completado el registro
La periodista se refirió a las personas que no han realizado el registro, ya sea porque no pueden, no quieren o todavía no llega el periodo correspondiente a su número.
Recordó que durante la primera etapa hubo usuarios que enfrentaron dificultades y largas filas para completar el trámite, mientras que millones de líneas quedaron fuera del proceso.
Cuestionó qué ocurrirá con quienes tampoco logren registrarse en la siguiente etapa y mencionó que algunas personas están recurriendo a la vía legal mediante amparos para intentar evitar el registro.
No obstante, aclaró que no recomendaría registrarse o no hacerlo, pues considera que se trata de una decisión personal y que quienes opten por no cumplir podrían correr el riesgo de quedarse sin línea.
Propone seguir el dinero de los extorsionadores
Como alternativa para combatir la extorsión, Cerdeira planteó que las autoridades deberían concentrarse en investigar los recursos económicos que generan estos delitos, en lugar de limitarse a identificar a los titulares de las líneas telefónicas.
“Si quieren acabar con la extorsión, vayan trabajando con dinero de los extorsionadores; seguramente sería más fácil por ahí”, concluyó.
