El Estado de guerra como expresión de las pugnas, conflictos y diferencias siempre presentes en la sociedad y de cara a las políticas públicas, es producto de una confrontación latente y que amenaza con emerger en circunstancias específicas o coyunturas determinadas, lo que en sentido opuesto significa que tales diferendos, desavenencias e inconformidades nunca están resueltas del todo, a pesar de haberse alcanzado un acuerdo esencial que tiene expresión en una Constitución y en la conformación del Estado.
Sucesos como los que han tenido lugar en Francia mediante movilizaciones de estudiantes y otros sectores de la sociedad inconformes con la escalada que registra el aumento del costo de la vida y que motivaron la participación de más de 800 mil personas en diferentes ciudades de ese país, ejemplifica el complejo transe en que se encuentra la relación que regularmente sostienen el Estado y la sociedad.
La situación de Estado de guerra tiende a quedar bajo control a través de la regulación de la vida pública que se realiza por las instituciones del Estado en el marco de la aplicación del derecho; pero el Estado de guerra está ahí, nunca es plenamente erradicado, como lo ejemplifican una multiplicidad de actos que ocurren en todo el mundo cuando la sociedad siente que las respuestas a sus problemas son insuficientes y que la emisión del voto ya no es suficiente para procesarlas debidamente.
En nuestro país, las manifestaciones de inconformidad de los trabajadores del IMSS tienen tal connotación. Son expresión de una causa que no ha podido encontrar soluciones desde hace algunos años a la fecha, y que muestra una composición compleja entre condiciones de las instalaciones hospitalarias, equipo, dotación de suministros, aspectos salariales y de necesidades de ampliación de la plantilla de personal médico, de enfermeras y asistentes; junto con ello, la exigencia de garantizar la disposición efectiva de medicamentos.
Al mismo tiempo, cobran visibilidad graves problemas de carácter regional que hablan de una situación de ingobernabilidad, en donde el Estado de guerra se expande de forma desenfrenada, y a través de organizaciones delictivas queda claro la capacidad de confrontación exitosa de la criminalidad con la autoridad.
Tal es el caso de Morelos que vive asolado por la incidencia delictiva, como escandalosamente ocurrió hace una semanas con el asesinato de jóvenes estudiantes, algunos mediante feminicidios, que han enlutado a la comunidad universitaria y a toda la entidad; pero las cosas no han quedado ahí, pues Morelos ocupa primeros lugares en el delito de extorsión a nivel nacional, lo que plantea una crisis que se expresa en violencia y en falta de seguridad, lo que convierte a todos sus habitantes en víctimas de la criminalidad.
Se ha desatado el Estado de guerra en la entidad, dentro de un contexto donde las autoridades se muestran insuficientes e incapaces para hacer frente a la escalada de violencia que se vive y que, por lo pronto, tuvo su principal manifestación en el oriente de la entidad, abarcando diversos municipios, Cuautla, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Totolapan, principalmente.
El desarrollo de los sucesos relacionados con esa región y que ocurrieron entre el martes 13 y miércoles 14 de este mes de octubre, hablan de la impericia y la incompetencia de las autoridades para hacer frente al Estado de guerra que se vive y en el cual los grupos delincuenciales lucen con supremacía. Como se sabe, el pasado lunes 12 fue detenido uno de los líderes de la organización delictiva “Pueblos Unidos”, conocido como el “Güero del Gym”, a raíz de los cual se quemaron vehículos, se tomaron calles y se realizaron diversas detenciones por parte de la criminalidad, hasta lograr que fuera liberado el delincuente que había sido detenido.
Resulta evidente que el operativo que se realizó para detener a dicho delincuente fue mal ejecutado y no contó con el apoyo requerido; a guisa de ejemplo se encuentra el accidente que sufrieron algunos efectivos que se encaminaban a respaldar a las autoridades ejecutantes de la detención e inmersos en la confrontación que desató, quienes no pudieron brindar el auxilio correspondiente debido a un accidente que sufrieron en la carretera México–Cuernavaca en el tramo de la famosa pera.
Impericia e ineficacia fueron más que evidentes; no es posible imaginar que la autoridad policiaca sucumba material y físicamente frente a la delincuencia, y menos aun que los apoyos que debían proporcionarse para asegurar el éxito de la operación fueran fallidos por errores elementales como los de un accidente carretero, sin entender la razón de obviar una respuesta más efectiva y resolutiva a través de la vía aérea.
La cadena de desaciertos es brutal, muestra que a pesar de los sucesos que han marcado fatalmente a la entidad en los últimos tiempos, la capacidad que se tiene para combatir y enfrentar a la delincuencia es ínfima. El Estado de guerra es dominado por la delincuencia, no solo por la capacidad de las organizaciones delictivas, sino por la incapacidad de las autoridades que debieran combatirlas, como quedó exhibido en Morelos, pero que también visibilizó la lentitud de la instancia federal para acudir con prontitud en auxilio de las policías morelenses.
Se consolida así una especie de regulación de la vida pública a través de estructuras ilegales que buscan tomar el dominio de la vida pública, y que alcanzan sus propósitos con la complacencia que se deriva de la incompetencia por parte de las autoridades. Frente a tales hechos se anuncia que en un mes se tendrá un plan de respuesta, pero tal posicionamiento tiene un perfil burocráticopuesto que se refiere a un problema que no es nuevo, ni estacional, ni sorpresivo.
La oferta de ofrecer respuestas al Estado de guerra que vive Morelos dentro de un plazo de un mes parece una compra inútil de tiempo para diluir responsabilidades, pues evidentemente se ha consentido a la incapacidad, la impericia y la ineficacia para abatir el crimen en el estado. El Estado de guerra en Morelos es una clara manifestación de la ingobernabilidad y la irresponsabilidad de las autoridades tanto locales como federales.
