El regreso efímero de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y su posterior solicitud de una nueva licencia es mucho más que un trámite administrativo al que tiene derecho, representan una crisis política que expone problemas de conducción, disciplina interna y credibilidad para el partido gobernante. Rocha intentó regresar al cargo, después de 112 días de licencia, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, no conocía previamente su decisión y calificó el retorno como poco pertinente. Y un día después, Rocha volvió a solicitar licencia, ahora con carácter indefinido.
El mayor costo para Morena no está desde mi opinión, únicamente en la figura de Rocha, sino en la imagen de descontrol que deja el hecho. Un gobernador emanado del partido regresó unilateralmente al poder y, ante la reacción de la Presidencia y de la propia estructura morenista, tuvo que volver a separarse del cargo. La contradicción deja muchas dudas y preguntas, transmite la percepción de que no existió una estrategia política previamente definida y que las decisiones se tomaron de manera reactiva. Y la pregunta sería ¿Quién planeó el regreso? o ¿Quién lo ordenó? dos interrogantes que quizá nunca sabremos, aunque lo imaginemos, como quiera que sea el resultado de lo ocurrido es una lapida para un partido que busca consolidar su hegemonía territorial, la falta de coordinación entre un gobierno estatal, la dirigencia partidista y el Gobierno federal puede convertirse en un problema electoral mucho mayor que la propia controversia personal del mandatario. Morena ya anunció que analizará internamente el caso, señal de que el asunto aún dará mucho de qué hablar y sobre todo especular.
El segundo riesgo sin duda y creo el más importante es el electoral. Sinaloa será uno de los estados que renovará gubernatura en 2027, y el caso Rocha amenaza con convertir la elección en un referéndum sobre el desempeño de Morena en materia de seguridad, gobernabilidad y rendición de cuentas. Las acusaciones formuladas del otro lado contra Rocha, colocan al partido ante una situación especialmente delicada, políticamente obliga a Morena a demostrar que no protege personas por encima de las instituciones. La presidenta Sheinbaum ha buscado marcar distancia y respaldar una salida institucional, pero el daño potencial permanece porque la controversia involucra directamente a uno de los gobiernos estatales del partido y a uno de los personajes más protegidos por el sistema, el ex presidente al llamarlo su hermano y el actual gobierno.
Además, el problema puede afectar la selección del próximo candidato. Morena necesita presentar en Sinaloa una figura capaz de romper con los costos del tema, sin provocar una fractura interna. De hecho, el debate ya se mueve hacia perfiles distintos al grupo de Rocha, La decisión será crucial: si Morena elige a alguien identificado con la estructura política del gobernador, la oposición podrá argumentar continuidad; si opta por un perfil completamente desvinculado, tendrá que contener la reacción de los grupos locales que construyeron su poder alrededor del actual mandatario.
Y en este sentido, hablamos desde la especulación, desde el análisis y desde la probabilidad, aún sin que en Estados Unidos se haya comprobado lo que se le imputa al Gobernador hoy con licencia indefinida. Esperemos las decisiones de Morena, si Estados Unidos comprueba a partir de quienes hoy colaboran con ellos y en el pasado fueron parte del régimen que es lo que pasa y los costos que habría de pagar Morena electoralmente hablando.
El riesgo más profundo, sin embargo, es que Sinaloa se convierta en un precedente nacional. Morena llegará a 2027 defendiendo numerosos gobiernos estatales y una mayoría legislativa, pero enfrentará también el desgaste natural de ejercer el poder. El caso Rocha puede alimentar el discurso de la oposición, de que el partido efectúa prácticas de protección política ya conocidas y privilegia los equilibrios internos sobre la exigencia de resultados. Esto resulta especialmente peligroso cuando el Verde y el PT comienzan a explorar candidaturas propias en algunas entidades, porque cualquier división dentro de la coalición que gobierna, puede transformar una crisis, en una pérdida electoral de la que Morena y sus aliados no se repondrían tan fácil, de cara sobre todo a la sucesión presidencial, aunque sé que falta mucho.
Morena enfrenta una disyuntiva: intentar administrar el costo político de Rocha Moya o utilizar esta crisis para demostrar que existe una nueva forma de ejercer el poder. La segunda opción es políticamente más conveniente. La salida de Rocha y la llegada de un gobierno interino ofrecen la oportunidad de reconstruir credibilidad, separar al partido de cualquier conducta individual cuestionada y preparar una candidatura competitiva para 2027. Si Morena no logra cerrar este capítulo con transparencia, disciplina y una renovación real de su propuesta en Sinaloa, el regreso de Rocha Moya podría terminar siendo recordado no como una crisis aislada, sino como uno de los primeros síntomas del desgaste electoral que el partido enfrentará en las elecciones del próximo año.
Pero, siempre y cuando en Estados Unidos no se comprueben hechos que hoy siguen estando en la suposición, en la imaginaria, en la duda, porque de lo contrario, estaríamos ante el inicio prematuro de la debacle de un régimen que desde sus inicios ha dejado muchas opiniones encontradas, en temas de corrupción, de lucha de poder, de traición y sobretodo, la 4T, ha sostenido dos discursos, aquel de los principios, con los que el movimiento gobierna y el que en la realidad, al menos de cara a la sociedad demuestra.
Y lo que nadie nos ha dicho, es cuáles fueron los resultados de las investigaciones que hizo la Fiscalía General de la República, a las acusaciones de los Estados Unidos sobre Rocha Moya, su gobierno y su supuesta relación con el crimen organizado.
Quizá tampoco nunca sabremos qué motivó a Rocha Moya a regresar, o quién lo obligó a regresar sin antes, avisar, o pedir permiso, o planearlo, de manera estratégica , con quien hoy ostente el poder público en el país.
