En una democracia, el ejercicio del poder siempre debe estar acompañado de la posibilidad de ser cuestionado, ello es así ya que todos aquellos que ocupan un cargo público se encuentran sometidos al escrutinio social.
En ese sentido, la crítica aún y cuando pueda resultar incomoda, tiene un objeto fundamental: permite señalar errores, así como exigir soluciones a las problemáticas sociales. Precisamente, para ello existe el derecho de réplica, una figura cuyo fin busca garantizar que una persona pueda responder cuando se difunda información falsa o inexacta que causen un agravio.
Sin embargo, el problema reside cuando este mecanismo deja de utilizarse únicamente para aclarar información y comienza a percibirse como una manera de confrontar o perseguir a quienes cuestionan al poder.
En este escenario, es menester observar lo que se vive actualmente con algunos representantes del gobierno en turno, quienes constantemente cuestionan a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que exigen respuestas o que simplemente no convergen en algunas acciones de la administración actual. Personas a quienes se les reclama presenten pruebas y respondan por las afirmaciones que realizan. Sin embargo, cuando las preguntas son dirigidas a ellos, la respuesta no llega con la misma disposición.
No debe perderse de vista que, los servidores públicos tienen la ineludible obligación de rendir cuentas y no utilizar esta figura como un mecanismo para desacreditar a quien formula un comentario incómodo. Y mucho menos debe ser empleado como una forma de persecución en contra de periodistas, ciudadanos o actores políticos que ejercen su derecho a cuestionar.
Un ejemplo de ello, es el realizado por la Consejera Jurídica Luisa María Alcalde, quien desde el espacio denominado “Derecho de réplica”, presentó un análisis en los que se identifican a periodistas, medios, analistas y políticos considerados “opositores”. Y es que aunque desde el oficialismo se ha definido que se trata de contrastar información falsa, la manera en que fueron exhibidos públicamente a quienes cuestionar al poder genera una pregunta: ¿Estamos frente a un verdadero ejercicio de réplica o frente a una forma de señalar y estigmatizar a quienes resultan incómodos?
Porque una cosa es responder con datos a una información que se considera falsa y otra muy distinta es elaborar identificaciones públicas de quienes critican al gobierno. La primera fortalece el debate democrático; la segunda puede generar un ambiente de intimidación y persecución. Y precisamente ahí es donde el derecho de réplica corre el riesgo de perder su verdadera naturaleza.
Por lo anterior, el derecho de réplica no puede convertirse en una herramienta de intimidación, confrontación o persecución. Porque en una democracia, el ciudadano no tiene que pedir permiso para cuestionar al poder, pero el poder sí tiene la responsabilidad de responder al ciudadano.
