• Nuestra Carta Magna establecía que el presidente, durante el tiempo de su encargo, solo podía ser acusado por dos delitos: traición a la patria y delitos del orden común.
Con las modificaciones ya aprobadas por el Congreso de la Unión, se agregaron a la Constitución las palabras «imputado y juzgado» y se ampliaron los delitos por los cuales el primer mandatario puede ser juzgado, señaló el licenciado Omar Alfonso Barrera Hernández, director del Instituto de Investigaciones Legislativas.
La nueva redacción marca que: «Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana».
Las modificaciones aprobadas a los artículos 108 y 111 de la Constitución, recalcó Barrera Hernández, permiten que el presidente pueda ser imputado ya no solo por traición a la patria, sino también por otros delitos por los que puede ser enjuiciado cualquier ciudadano que, si bien no implica una directa eliminación del fuero, sí le quita privilegios y protección al presidente de la República.
La “inmunidad presidencial” fue establecida desde la Constitución de 1857, con el fin de “proteger” al Presidente de la República, y evitar pudiera ser acusado mientras estuviera en funciones, con excepción de dos delitos: traición a la patria y delitos graves del orden común. Pasaron 161 años para abrir la posibilidad de juzgar a un presidente como a cualquier ciudadano.
Para la aprobación, trascendió que los coordinadores parlamentarios en el Senado acordaron las reformas, con la condición de impulsar también una modificación que incluya a los legisladores federales, y se les pueda imputar el mismo cuadro de delitos que al presidente, misma reforma que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores y se encuentra en la Cámara de Diputados.
No cabe duda que la modificación fortalecerá la división de Poderes y evidentemente refuerza el combate a la corrupción. “La ciudadanía está cansada de ver a sus representantes gozar de impunidad”, dijo Omar Barrera.
Es necesario fomentar en el servicio público la cultura de la legalidad que implica la responsabilidad del cargo, concluyó el director del IIL.
