La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 105 años de prisión en contra de Santiago «N», conocido en el mundo delictivo como «El Carrete», quien durante casi una década figuró como el máximo jefe de la organización criminal «Los Rojos».
Además de la pena privativa de la libertad por los delitos de delincuencia organizada —bajo las hipótesis de delitos contra la salud y secuestro—, además del delito de secuestro en agravio de una víctima, el juzgador federal determinó imponerle el pago por concepto de reparación del daño, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como una amonestación pública.
El historial criminal de Santiago «N» se remonta a los años posteriores al abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en 2009. Tras la fragmentación del cártel dominante en el centro del país, «El Carrete» impulsó la consolidación del grupo «Los Rojos», asumiendo el mando definitivo entre los años 2012 y 2013. Desde ese periodo y hasta su eventual aprehensión, coordinó operaciones delictivas centradas primordialmente en el estado de Morelos y la sierra de Guerrero.
Bajo su liderazgo, la agrupación se dedicó a la siembra, producción y trasiego de amapola y heroína hacia Estados Unidos; implementó un régimen de terror basado en la extorsión sistemática a comerciantes y presidentes municipales, homicidios ejecutados con extrema violencia y el secuestro de empresarios y ciudadanos.
Su área de influencia convirtió municipios de Morelos como Amacuzac, Jojutla y Puente de Ixtla en zonas de alto riesgo por disputas territoriales contra cárteles rivales. Asimismo, el nombre de «El Carrete» y la estructura de «Los Rojos» quedaron vinculados mediática y judicialmente al contexto del enfrentamiento en Guerrero que derivó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Durante años, Santiago «N» logró evadir múltiples operativos federales refugiándose en las zonas altas y de difícil acceso de la sierra guerrerense. Sin embargo, el cerco de las instituciones de seguridad nacional se cerró en agosto de 2019.
En una operación conjunta coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Policía Federal y el Centro Nacional de Inteligencia, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo terrestre y aéreo en el municipio de Leonardo Bravo, Guerrero. Tras registrarse enfrentamientos armados en las comunidades de la sierra, los efectivos federales lograron la captura del objetivo prioritario sin que se detonaran disparos al momento de su intercepción. Junto a él fue asegurado su principal operador logístico.
Posterior a su detención inicial y su traslado a centros federales de readaptación social, los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) le cumplimentaron formalmente en agosto de 2019 el mandamiento de captura por reclusión al interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 «CPS-Oaxaca».
Con esta sentencia definitiva de más de un siglo de encarcelamiento, la FGR cierra formalmente uno de los capítulos más sangrientos vinculados a las estructuras delictivas de la última década en la región centro-sur de México.
