Si tomamos en cuenta que la Corte Penal Internacional, CPI, es considerada el primer tribunal penal mundial de carácter permanente en el marco del derecho internacional y que de acuerdo con el concierto de las naciones actúa como un órgano judicial independiente regido por el Estatuto de Roma, la amenaza de Donald Truump de desmantelarla pone en máxima crisis a la humanidad toda.
Debemos recordar que a la Corte mundial dentro de su sistema le otorga cuatro consideraciones fundamentales: Jurisdicción sobre individuos: A diferencia de la Corte Internacional de Justicia que juzga Estados, la CPI procesa exclusivamente a personas físicas por crímenes graves de trascendencia internacional.
Es un Tribunal de última instancia, puesto que opera bajo el principio de complementariedad, lo que significa que solo interviene cuando los sistemas penales nacionales no tienen la voluntad o la capacidad de investigar y procesar los delitos.
Tiene competencia material restringida: Solo tiene autoridad para juzgar cuatro crímenes tipificados en el derecho internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión
Y es una Entidad legalmente independiente: Aunque cuenta con el respaldo de la ONU, no es un organismo de las Naciones Unidas, sino una institución establecida por un tratado internacional autónomo.
No obstante todo lo anterior, el Gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha un plan para, según afirma, “desmantelar la amenaza” de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos, actitud propia de su arrogante poderío y así evitar un seguro juicio en su contra y sus adláteres, en forma preponderante al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya juzgado y declarado culpable de delitos de lesa humanidad.
Fue el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien informó que el gobierno del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una iniciativa, recalcamos, para desmantelar, lo que considera “la amenaza a la soberanía de Estados Unidos por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
En un mensaje de video publicado este lunes, Rubio afirmó que, en un principio, la CPI tenía por objeto juzgar solo los delitos más graves, pero acabó convirtiéndose en “algo mucho más radical y extremo”, por lo que la administración Trump no permitirá que la corte amenace al personal estadounidense.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo antes a Reuters que se barajan opciones como prohibiciones de viaje, revocaciones de visas, un endurecimiento de las sanciones contra la CPI y las organizaciones afiliadas, y presión diplomática sobre otros países para que se retiren.
“Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que supone la CPI para los estadounidenses”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.
Desde luego que existen antecedentes de considerar a La Corte Penal Internacional, como una figura incómoda para Estados Unidos, el ejemplo es obvio, el expresidente George W. Bush, desde su tiempo y hasta ahora sostiene que la CPI no debería tener competencia para investigar y juzgar a ciudadanos estadounidenses, en particular a miembros de sus fuerzas armadas.
Cabe aclarar que Estados Unidos nunca ha sido miembro del tribunal. Sin embargo, el Estatuto de la CPI también otorga a la corte la facultad de juzgar crímenes atroces cometidos en el territorio de los estados miembros por nacionales de países no miembros.
La CPI fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Solo ejerce su jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades cometidas.
Reuters ha revelado que la Administración Trump respaldó sanciones contra funcionarios de la CPI, en parte para evitar cualquier intento futuro de exigir responsabilidades al presidente republicano o a sus funcionarios por las acciones militares de Estados Unidos en el extranjero.
La CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Nentayahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Los acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, incluyendo el uso del hambre como arma, asesinato y persecución.
Las órdenes obligan a los 124 Estados miembros de la CPI a detenerlos si ingresan a sus territorios, sin embargo, por ahora el derecho internacional ha sido puesto nuevamente en crisis por las arbitrarias e ilegales decisiones de Donald Trump.
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Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; presidente de honor de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional, Académico de Número y director de Comunicación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y el portal: www.irradianoticias.com
