La Auditoría Superior de la Federación (ASF) modificó su Programa Anual de Auditorías para la Cuenta Pública 2025. El órgano fiscalizador federal ordenó la práctica de auditorías forenses en cinco municipios de Morelos, una medida que no estaba contemplada originalmente y que ha desatado fuertes suspicacias sobre el manejo de los recursos públicos federales en la región.
Los municipios que quedaron bajo la estricta mira de la ASF son:
- Amacuzac (Auditoría forense No. 1411)
- Cuautla (Auditoría forense No. 1417)
- Miacatlán (Auditoría forense No. 1427)
- Temixco (Auditoría forense No. 1430)
- Tetela del Volcán (Auditoría forense No. 1435)
Originalmente, estos cinco ayuntamientos aparecían en el programa de fiscalización bajo el esquema de «auditorías de cumplimiento». Esto implicaba una revisión ordinaria y periódica para evaluar el cumplimiento normativo, la razonabilidad de sus estados financieros y verificar que los recursos se ejercieran conforme a la ley.
Sin embargo, en un movimiento inesperado que refleja la gravedad de la situación, la ASF modificó el esquema hacia auditorías de cumplimiento forense. Este mecanismo, considerablemente más riguroso, suele emplearse únicamente cuando existen factores de riesgo alto, inconsistencias graves o elementos que ameritan una investigación profunda sobre el destino del dinero público.
A diferencia de una revisión tradicional, la auditoría forense es una investigación especializada diseñada para rastrear operaciones financieras complejas, analizar documentación a fondo, identificar desvíos de recursos, detectar simulación de contratos e irregularidades administrativas. Su objetivo final es aportar pruebas con validez legal ante tribunales por conductas que pudieran derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales.
La decisión de la ASF resulta sumamente significativa en el panorama político y financiero de Morelos. El hecho de que estos cinco municipios hayan sido seleccionados para un nivel de fiscalización superior al programado originalmente genera inevitables interrogantes sobre qué hallazgos o denuncias previas llevaron al órgano federal a endurecer sus revisiones de manera tan drástica.
Se espera que en los próximos meses la ASF comience el despliegue de los auditores en dichos municipios para recabar las pruebas necesarias, lo que mantiene en vilo a las administraciones locales implicadas.
