El estado de Sinaloa ha entrado en una crisis institucional sin precedentes. Tras semanas de tensión diplomática, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron formalmente separarse de sus cargos este viernes 1 de mayo, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera pública una acusación formal que los vincula directamente con operaciones del Cártel de Sinaloa.
La decisión de Rocha Moya fue comunicada al Congreso del Estado bajo el argumento de «facilitar las investigaciones» de la Fiscalía General de la República (FGR), que aunque ha declarado no tener pruebas suficientes para una detención inmediata, se encuentra bajo presión internacional. Su separación del cargo fue aprobada por unanimidad la mañana de este 2 de mayo por los integrantes del Congreso del Estado de Sinaloa.
El Cabildo de Culiacán sesionó el 1 de mayo de forma extraordinaria para autorizar la licencia temporal de Gámez Mendívil. El ahora alcalde con licencia, quien es ahijado político del gobernador, es señalado por Washington como una pieza clave en la estructura de protección institucional en la capital del estado.
El expediente de Washington: «Los Chapitos» y el Poder Público
La acusación, radicada en una corte de Nueva York, señala que Rocha Moya y su círculo cercano no solo brindaron protección, sino que negociaron apoyo electoral a cambio de impunidad para la facción de «Los Chapitos», liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Los implicados de alto nivel: Además del gobernador y el alcalde, la lista de diez funcionarios y exfuncionarios incluye nombres de gran peso político:
- Enrique Inzunza Cázares: Senador de la República y exsecretario de Gobierno, señalado como el principal operador político de la estructura. El legislador ha rechazado las acusaciones en su contra; asimismo declaró que se le estigmatiza por ser originario de Badiraguato.
- Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la policía municipal de Culiacán.
- Miembros de la Fiscalía estatal y mandos operativos de seguridad.
Consecuencias políticas y sociales: ¿Hacia la desaparición de poderes?
La salida de los dos máximos referentes del partido oficialista en la entidad ha generado un vacío de poder que la oposición ya busca capitalizar. El Partido Acción Nacional (PAN) ha formalizado la petición de desaparición de poderes en Sinaloa, argumentando que el gobierno estatal ha sido cooptado por el crimen organizado.
Impactos inmediatos:
- Inestabilidad Institucional: La designación de gobernadores y alcaldes interinos ocurre en un clima de absoluta incertidumbre, con las instituciones de seguridad bajo sospecha total.
- Riesgo de Violencia: El sector empresarial ha advertido sobre un posible repunte de enfrentamientos armados debido a la ruptura de los «acuerdos» que, según la acusación estadounidense, mantenían una tensa calma en la región.
- Tensión Diplomática: El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha calificado las acusaciones como una «intromisión», lo que tensa la relación bilateral con Estados Unidos en temas de seguridad y extradición.
