El fenómeno de la inseguridad se ha vivido en el país como una escalada o espiral que proyecta un comportamiento que trascendió de lo meramente incidental, hacia un suceso tendente a generalizarse en las distintas regiones de manera escandalosa, fuera del control del Estado o, incluso, inmerso en la lógica del propio Estado como un poder que plantea lograr establecer su dominio, asimilando o sometiendo a los otros poderes, amparándose en las estructuras y legitimidad que les resta a éstas y que asimila para fincar su preeminencia.
Cuando la violencia se expandió en el contexto de una incidencia más allá de prácticas delincuenciales que se podían considerar “naturales”, es decir significándose como un hecho que irrumpía la convivencia social en ciertas regiones, generando alarma por eventos episódicos fuera de lo común y con gran impacto, se tendía a calificarla como producto de enfrentamiento entre bandas u organizaciones delictivas y confinada nada más entre ellas.
Así, los sucesos violentos parecían estar encapsulados y sólo referidos a ciertas regiones y grupos; una especie de expresión de una distorsión referida a ámbitos de vida controlada; pero llegó el momento en el cual se rompieron las fronteras, de modo que la expansión delincuencial se vivió como una metástasis irrefrenable y sólo por excepción ha podido ser controlada.
Uno de los rostros de la debilidad del Estado es la inseguridad galopante y la confirmación de la existencia de autoridades al servicio de organizaciones delictivas que imponen sus intereses en los más diversos campos de la actividad económica, ya no sólo en el tráfico de drogas, sino también a través de la imposición de cuotas al comercio de productos como el limón, la fijación de pagos o derecho de piso a establecimientos, el manejo del huachicol, entre otros.
Dice el Instituto para La Economía y la Paz que la violencia significó en el año 2024 un costo equivalente al 18% del PIB, equivalente a 4.8 billones de pesos y que los índices que se registran muestran una situación, en general, más adversa que en 2015, significándose por su deterioro estados como Morelos, Guanajuato y Colima; desde luego, la mayor exposición a la criminalidad en los últimos dos años tiene lugar en Tabasco y Sinaloa, tal y como sobradamente lo acreditan las noticias y eventos de confrontación, homicidios y enfrentamientos a la luz pública en ambas entidades.
El rubro de asesinatos vinculados a procesos políticos, a la pretensión de someter o alinear el desempeño de autoridades o de incidir en las campañas electorales y en sus candidaturas, tiene una altísima incidencia en este momento en Veracruz, no obstante recurrentes alertas y llamados entre las que ha estado la voz insistente de la diputada Lorena Piñón y declaraciones de integrantes y dirigentes de los distintos partidos. A estas alturas se tienen registrados 7 asesinatos y frecuentes avisos de intimidación o amenazas sobre diversos actores políticos en el estado veracruzano.
Así, la violencia se convierte en factor político en las campañas electorales y las distorsiona brutalmente; por lo pronto se presenta la renuncia de candidatas y candidatos que tienen razones para temer por su integridad física, al tiempo que el proselitismo y el despliegue de las actividades inherentes a la búsqueda de ganar simpatías e intenciones de votos a favor se ve ensombrecida. Las campañas en un ambiente de intimidación se enfrentan al peor de los mundos respecto de su vocación de ser un medio de expresión y de contacto abierto con la ciudadanía para construir los grandes acuerdos e impulsar la convivencia civilizada en un entorno de respeto.
Al mismo tiempo, ocurren hechos de violencia, desapariciones y homicidios en otras entidades del país, lo que genera un ambiente de intimidación que afecta la vida democrática del país, amenaza las libertades, la deliberación política y la vida pública. Dentro de ese contexto, se conoce que las autoridades norteamericanas retiran su visa a la gobernadora de Baja California, y se espera que ocurra algo similar con otras personalidades políticas.
Tiene lugar la expresión y expansión de un fenómeno social sustentado en la subcultura de la ilegalidad que tiende a establecer su dominio. Singularmente grave que desde el extranjero sean señalados personajes presuntamente vinculados a actividades ilegales y que tienen tareas públicas de relevancia. El crecimiento exponencial de la ilegalidad sacrifica vidas, nos debilita como país, vulnera al Estado, tiende a convertir en meramente retórica a nuestra soberanía y nos hace incompetentes para enfrentar los desafíos que tenemos como nación.
El pasado, ese viejo culpable de nuestros males, es ahora un actor que configura nuestro presente, pues ha extendido su influjo desde un sexenio atrás arrastrándonos en sus insuficiencias, excesos y legado de violencia.
