Por errores de la anterior administración, encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, un juez determinó como irregular el traslado de 182 reos de alta peligrosidad que se encontraban en Morelos, a penales de alta seguridad federales ubicados en otras entidades como Sinaloa, Michoacán o Guanajuato.
Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad Pública, informó que aunque fue ordenado su regreso a prisiones de Morelos, “eso no se ha concretado”.
Durante la conferencia de prensa sobre Seguridad Pública, el titular del área informó que las personas privadas de su libertad cumplían con los requisitos para ser considerados de alta peligrosidad pero “se integraron mal los expedientes del traslado” por parte de las autoridades que dirigían la Comisión Estatal de Seguridad, CES Morelos. En ese entonces el titular era el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros.
Urrutia Lozano señaló que estas personas generadoras de violencia, en caso de ser retornadas, pueden afectar al estado porque no se cuenta con las condiciones de seguridad adecuadas.
El operativo de traslado se realizó el 8 de marzo de 2024; a través de un boletín de prensa el gobierno estatal aseguró que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, CDHM, participó en el mismo, sin embargo, el organismo a cargo de Raúl Israel Hernández Cruz, desmintió esas declaraciones: «No fue solicitada, por ninguna autoridad estatal, la participación de esta Comisión en operativo alguno, no se tuvo conocimiento en tiempo y forma, por lo tanto, no se acompañó la supervisión de dicho traslado».
Además el organismo autónomo acusó que esa información era “falsa” y exigió al gobierno estatal abstenerse de usar el nombre de la CDHM para informar situaciones inexistentes”. Asimismo, exhortó a los familiares de los presos trasladados a acercarse a ese organismo en caso de que consideren que se pudieron vulnerar los derechos de sus familiares.
En el operativo participó personal de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Policía Morelos y elementos de seguridad y custodia adscritos a la Coordinación del Sistema Penitenciario; la Guardia Nacional se encargó de ingresarlos a los diferentes centros federales del país.
En el sistema penitenciario federal mexicano, una persona privada de su libertad puede ser considerada de alta peligrosidad si cumple ciertos requisitos, como la naturaleza del delito por el que fue sentenciado, historial delictivo, comportamiento dentro del centro penitenciario y el riesgo de fuga o reincidencia.
El proceso debe cumplir con una evaluación inicial al ingreso al centro penitenciario; el Seguimiento o monitoreo de su comportamiento durante su estancia en el centro, buscando signos de riesgo o descontrol; una recomendación por parte de la autoridad penitenciaria que debe estar sustemtada en la evaluación y el seguimiento; la autoridad penitenciaria puede recomendar la clasificación del interno como de alta peligrosidad; y por último una resolución judicial.
