No son una ni dos, sino cinco fuentes del gobierno de los Estados Unidos, citadas por el New York Times, para dar cuenta de la inminente denominación de cinco cárteles mexicanos, uno venezolano, otro salvadoreño y un último colombiano como “terroristas”.
Aunque hubo quienes lo dieron como un hecho, todavía falta que el secretario de Estado,Marco Rubio, haga la declaratoria oficial, tras la consulta con los miembros del gabinete de Donald Trump, como parte del procedimiento establecido en la orden ejecutiva correspondiente, y la remita al congreso norteamericano, para su votación. La lista filtrada podría variar, pero todo apunta a su final aprobación, pues buena parte de la oposición demócrata concuerda con este planteamiento del mandatario republicano.
Desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador y, ahora, ya en el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, ha habido una férrea resistencia a aceptar la clasificación oficial de los grupos mexicanos del crimen organizado como “terroristas”. Siendo señalados así, se entenderían como amenazas más graves para la seguridad nacional norteamericana que el crimen organizado, digamos, tradicional, y facultarían al gobierno de Trump no sólo a imponer severas sanciones económicas a personas y entidades, sean públicas o privadas, vinculadas con estos grupos, sino también a tomar medidas para su persecución, aprehensión, neutralización o eliminación en cualquier parte del mundo, no importando si se viola la soberanía o independencia de otras naciones, en este caso, de México.
Los argumentos del gobierno de Sheinbaum para resistirse a tal medida, en aras de la defensa de la soberanía y la independencia mexicanas, se basan en afirmar que el “terrorismo” sólo es tal cuando las acciones de los grupos tienen un origen político, ideológico, religioso o reivindicatorio. Sostienen que en México no es así. Que solamente tienen fines económicos, ilícitos, eso sí, pero no de otra naturaleza.
Sin embargo, ese argumento está teniendo muy poco peso para los vecinos del norte, tras el estudio de casos como la liberación, en su momento, de Ovidio Guzmán López, por órdenes de López Obrador, la exposición pública de la cabeza del entonces alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, o los múltiples episodios de ejecucionespúblicas o secuestros de candidatos a puestos de elección popular, en los procesos electorales mexicanos, y de algunos funcionarios, en los últimos seis años. Y ya ni hablemos de los coches bomba y las minas terrestres.
Y eso importa mucho porque una de las condiciones, internacionalmente reconocidas, incluso por México en el artículo 139 del Código Penal Federal, para tipificar una conducta como terrorista es que, entre otras, vaya encaminada a “… presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste a que tome una determinación.”
Se necesitaría ser francamente estúpido o negligente para no reconocer que la liberación de Ovidio, la decapitación de Arcos, los múltiples asesinatos de candidatas y candidatos, los atentados contra funcionarios públicos, los ataques contra productores del campo, comerciantes y empresarios, cuando se han negado a pagar las extorsiones, no encuadran perfectamente en el supuesto legal arriba mencionado.
Los gringos están estudiando todo esto y más. Una vez aprobada la clasificación, el gobierno de Claudia Sheinbaum no tendrá alternativa: o coopera o podría también ser declarado por los norteamericanos como una entidad vinculada a ellos. Ningún escenario podría ser peor que ese para la defensa y conservación de la soberanía y la independencia mexicanas. Pero, dependerá de la postura y las acciones de la presidenta.
Y para iniciados:
¿Quitarán el sueño a Cuauhtémoc Blanco las declaraciones de ayer de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hablando específicamente de su caso, acerca de que la culpabilidad o no en materia de delitos sexuales tienen que ser investigadas por las fiscalíasy resueltas por los tribunales? Sin afirmarlo directamente, está dando su visto bueno al desafuero del ex ídolo del fútbol, pues, por mera lógica jurídica, para que sean las fiscalías y los tribunales los que investiguen y determinen su culpabilidad o no, primero tendría que ser desaforado. ¿O usted cómo lo ve?
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