- Estudio revela una cadena de irregularidades en el sistema de agua potable de Cuernavaca. Algunas, inclusive, ponen en riesgo la salud de sus habitantes en la actual emergencia sanitaria por covid-19
- Los vecinos de Cuernavaca, la capital de Morelos, viven la pandemia de covid-19 con una doble amenaza: El riesgo permanente de contraer la enfermedad y la incertidumbre de saber si el agua que reciben en sus casas es realmente potable.
Un estudio del Consejo Ciudadano de Morelos (CCM) revela que al menos 8 de las fuentes para abastecer agua a la ciudad no se están clorando, y no existe registro alguno sobre el tipo de desinfección que se aplica antes de enviarla a la red.
En la capital de Morelos la distribución es responsabilidad del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). La ciudad se abastece de 98 mantos freáticos. En la mayoría no se detectaron irregularidades.
“Hay dudas de que se estén realizando las desinfecciones. Eso pone en riesgo la salud de los ciudadanos que se abastecen de dichas fuentes, se podrían generar infecciones bacteriológicas y virales”, advierte Juana Damiana, integrante del CCM y miembro del Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción Estatal.
Una preocupación adicional es que, de acuerdo con el SAPAC, los sistemas utilizados para la filtración y potabilización del agua son principalmente equipos de hipoclorito de sodio y gas-cloro.
Sin embargo el organismo no ha informado por qué eligió este equipo y su eficiencia en la dosis de cloración.
“No se tiene la certeza de que lo que se está realizando sea lo adecuado para el uso doméstico”, señala la activista.
Hasta ahora el SAPAC no ha informado a dónde se envía el agua extraída de las fuentes que enfrentan problemas en la desinfección.
Pero esto es sólo una parte del problema. En el estudio, realizado durante cinco meses, se pone en claro que el acuífero está sobreexplotado.
Al mismo tiempo el 60 por ciento del agua que se extrae, se desperdicia por fugas en el sistema, el cual carece de mantenimiento constante.
Así, de acuerdo con el CCM, existe el riesgo de agotar las fuentes de y afectar la calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca.
“El derecho fundamental al agua pende de un hilo” destacó Roberto Salinas, codirector del grupo Morelos Rinde Cuentas e integrante del Consejo.
Corruptelas
Los integrantes del CCM presumen que la crisis en el sistema de abastecimiento de agua para la capital de Morelos, se debe a una deficiente planeación, pero sobre todo por actos de corrupción.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) en Cuernavaca viven 366,955 personas, quienes en promedio requieren un volumen anual de 41 millones de metros cúbicos de agua.
Pero en 2018 el SAPAC reportó a la Comisión Nacional del Agua un consumo de 99 millones de metros cúbicos, más del doble de lo que en teoría debería utilizarse.
Esto significa que se sobre explota el acuífero, y esto se debe a la falta de mantenimiento oportuno y preventivo.
“SAPAC atiende anualmente entre tres mil 774 y cinco mil 298 fugas, a las que se suman las no reportadas” explica Salinas. “Calculamos un desperdicio mínimo del 60 por ciento de lo se extrae de los pozos pero sólo se factura el 26 por ciento de su extracción”.
Pero no es todo. El estudio advierte que la distribución se realiza mediante el sistema de tandeos, es decir se cierran las llaves para llevar agua de una colonia a otra.
El problema es que cuando se abren de nuevo no hay un proceso para purgar el aire, lo que sobrecarga las tuberías y se rompen.
Además con frecuencia se deja de pagar el suministro de energía eléctrica para el sistema de bombeo eso ha provocado que, desde al menos 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interrumpa el servicio.
Decenas de colonias resultan afectadas constantemente, pues las bombas dejan de funcionar. El problema se presenta inclusive en estos meses de la pandemia de coronavirus.
SAPAC, afirma el CCM, tiene una millonaria deuda con la CFE.
Corrupción
¿Cómo se llegó a esta crisis?
De acuerdo con el estudio SAPAC históricamente ha incumplido con las recomendaciones de las auditorías, con lo cual viola al menos seis leyes distintas.
El mayor problema, sin embargo, es que el organismo ha actuado con una incorrecta planeación operativa y presupuestal. Un ejemplo es que en los últimos cuatro años la dependencia ha tenido diez directores.
Además existe la costumbre de utilizar el mismo presupuesto hasta por tres años, a pesar de que anualmente hay cambios en el control de insumos y proveedores.
Hay un inadecuado uso de los recursos públicos, especialmente durante el tiempo en que el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo fue alcalde, entre 2016 y 2018.
Las anomalías continúan en la actual administración de Antonio Villalobos Adán.
Por ejemplo del 2017 al 2019 el presupuesto que se ejerció para nómina de personal permanente fue del 32 y 34 por ciento más de lo autorizado.
En cada año se programó un gasto de 48 millones de pesos pero al final se pagaron 64 millones de pesos anuales.
Otra irregularidad fue el presupuesto para pagar a personal eventual, donde hubo un incremento de dos mil por ciento. Lo programado originalmente fueron 199 mil 662 pesos pero en 2017 el gasto fue superior a cinco millones de pesos.
En los dos años siguientes ocurrió lo mismo: cinco millones 861 mil pesos para 2018 y 14 millones 429 mil 406 pesos para el siguiente ejercicio.
Hay más. A pesar de contar con recursos para obras públicas y pagar servicios, el dinero no se utilizó o se gastó menos de lo autorizado, como sucedió con los pagos a la CFE.
En ese rubro el gasto ejercido fue de entre 37 y siete por ciento menos de lo que se autorizó en distintos años, lo que provocó cortes en el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas que abastecen agua a la ciudad.
Tampoco se contrataron seguros para el equipo de transporte, y existen irregularidades en el gasto de combustible y lubricantes para la flotilla del organismo.
El presupuesto asignado fue de seis millones de pesos para este rubro pero en 2017 se gastaron casi 10 millones de pesos, y en lo que va del 2020 apenas han gastado 800 mil pesos.
Tampoco se han pagado los permisos para extraer agua a la Conagua, ni tampoco se utilizó el presupuesto para contratar el servicio para tratar aguas residuales.
Una situación similar se encontró en la partida de servicios por descargas residuales que para el mismo periodo se programó 720 mil pesos pero se ejerció cero pesos.
Mientras que para obra pública año con año se presupuestan cuatro millones 200 mil pesos pero solo en 2018 presuntamente se invirtieron 500 mil pesos.
En contraparte existe un gasto mayor en programas como el mantenimiento de equipos para cloración.
En este caso se programó una partida de 520 mil pesos pero en 2017, por ejemplo, se gastaron más de cinco millones de pesos.
Y al mismo tiempo se asignó un presupuesto menor al necesario para el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con el riesgo de incrementar la contaminación ambiental de la zona.
Por ejemplo en 2019 se asignaron 350 mil pesos, pero al final consideraron necesario invertir más de un millón y medio de pesos.
Tales aspectos son una muestra de la deficiente planeación administrativa en el SAPAC, y que de acuerdo con el CCM se debe a actos deliberados de corrupción.
Es el caso de la partida de muebles, inmuebles e intangibles donde se gastó hasta 570 por ciento más de lo presupuestado. En el estudio, sin embargo, no se tiene claro cuáles son los inmuebles a donde se destina el presupuesto.
O el rubro denominado “Otros Arrendamientos” para el que no se autorizaron recursos desde 2017 pero el SAPAC gastó más de 25 millones de pesos.
Y en el caso de los recursos para “Servicios notariales, auditoría externa, asesoría” los activistas encontraron que se autorizaron 20 mil 800 pesos.
Pero en los últimos tres años se gastaron más de 30 millones de pesos para contratar el servicio de abogados a pesar de que el organismo cuenta con una robusta área jurídica.
Sin embargo estas irregularidades palidecen frente a lo gastado para comprar fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados: más de 117 millones de pesos entre la actual y la pasada administración municipal.
Hasta ahora no se ha comprobado que los materiales realmente se hayan comprado, pues no existen registros de su ingreso a los almacenes de SAPAC ni mucho menos de su efectiva utilización.
Las compras, por cierto, se hicieron a empresas no autorizadas y de reciente creación. Algunas desaparecieron después de supuestamente entregar un par de pedidos
