Los gobiernos anteriores a los de la cuarta transformación, al menos los tres primeros sexenios del siglo XXI, apostaron por la creación y el fortalecimiento de órganos autónomos, independientes del Ejecutivo, como es el caso de las fiscalías de justicia, tanto la de la República como las de las entidades federativas.
El argumento esencial para dotar de autonomía e independencia a diversas instituciones o crear algunas nuevas con ese carácter, radicó en que, durante los sexenios de mayor concentración del poder público, en el periodo hegemónico del PRI, no había manera de hacer real y efectiva la transparencia y la rendición de cuentas, pues todo estaba controlado desde las más altas esferas.
En el ámbito de la procuración de justicia, encima, la entonces oposición de izquierdaacusaba que la designación directa de los titulares en esas instituciones, por parte de los ejecutivos, no sólo obstaculizaba el trabajo imparcial y sin fines políticos, sino brindaba una indebida protección a los mandatarios.
La solución encontrada, la de la autonomía y la independencia, funcionó a medias, pues estaba pensada para un escenario plural e incluyente, en el que ninguna fuerza políticacontara con mayorías aplastantes, haciéndose necesario el diálogo y el acuerdo al momento de nombrar a los responsables de estas instituciones. Pero no tenían contemplada la muy próxima reconstrucción de un régimen hegemónico, ávido de una nueva concentración del poder.
Y así fue. Se ampliaron los periodos, para hacer transexenales esos cargos, así como la forma de designar a los fiscales, para ser propuestos por el Ejecutivo, pero elegidos,finalmente, por mayoría de votos en el Legislativo. No obstante, este esquema es relativamente reciente, algunos gobernadores salientes, no todos, pero algunos sí logaron dejar a fiscales a modo, para asegurarse cierta protección, con los llamados fiscales carnales.
Hoy la tónica ha cambiado. Los gobiernos de la cuarta transformación se fueron contra los órganos autónomos. Andrés Manuel López Obrador los acusó de ser parte de una simulación para favorecer y proteger intereses creados y oligarquías. No se fueron contra la autonomía de las fiscalías, pero sí contra el tiempo que permanecen los fiscales en sus cargos. Parecen proclives a respetar la autonomía de gestión, es decir, técnica y operativa, pero bajo un marco de entendimiento, relación y coordinación.
No suena tan mal esta solución alternativa, claro, mientras la relación no se convierta en subordinación. Pero eso ya escapa a las posibilidades y reglas del diseño institucional. Ya depende de las personas. Una institución puede estar dotada de toda la autonomía que usted guste y mande, mas no será efectiva si los funcionarios en lo particular deciden acatar los designios, digamos, de allá arriba, aun en contra de la justicia, llana y plana.
Al final, volvemos a caer en la cuenta, a los ciudadanos en general, el modelo, la forma de designación, los periodos, las autonomías y demás no son preocupación. Lo importante, como sea, es la recuperación de la paz y la seguridad.
Y para iniciados:
Ahí viene Donald Trump de nuevo. Hoy anunciará los detalles para la imposición de aranceles al acero y el aluminio. Desde el avión presidencial, rumbo al Super Bowl, sólo anticipó la tasa del 25%, pero no dijo desde cuándo ni especificó para quiénes. En su cadena de noticias favorita, Fox News, aseveró que el blindaje de la frontera no es suficiente. Volvió a amenazar: “Algo tiene que pasar. No es sostenible y lo voy a cambiar”, así lo dijo, tal cual.
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