La polémica y las especulaciones proliferaron desde el momento en que se supo de la inesperada modificación a la Orden del Día de la sesión, en el Congreso local. El trascendido era real. Ya contaban con los 14 votos necesarios para separar de su cargo a Uriel Carmona Gándara, como Fiscal del estado de Morelos, aunque al final contaron con dos votos más, adicionados a los indispensables.
Por un lado, había quienes afirmaban que la suerte de Uriel Carmona ya estaba echada desde los señalamientos en campaña de la hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y confirmada con las reiteradas declaraciones de la gobernadora, Margarita González Saravia, sobre su insostenibilidad en el cargo.
Por otro lado, los apoyadores del hoy exfiscal seguían argumentando su defensa en los estrictos requerimientos legales para su remoción, necesarios para justificar la emisión de votos, por mayoría calificada. Fuera por intereses específicos o conveniencias de cualquier índole, apostaban a su permanencia hasta el final de su encargo.
Carmona Gándara tenía y tiene muy claro que van por él, en voz de emisarios de alto nivel, a quienes negó la posibilidad de presentar voluntariamente su renuncia sin garantías de evitar la continuidad de la persecución a la cual ha sido sometido.
Hoy, el problema no está ahí. Ni tampoco en el nombramiento, por unanimidad en el Congreso, de Edgar Antonio Maldonado Ceballos, cuya preparación, experiencia y lealtad no están a debate. Las especulaciones surgieron a partir de la coyuntura: la remoción de Carmona se llevó a cabo justo el día en que anuncia y presenta la solicitud de procedencia para quitar el fuero al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a fin de procesarlo por el presunto delito de violación en grado de tentativa, denunciado por su media hermana.
Hay quienes ven dos procesos separados: uno es el caso en particular de los señalamientos a Carmona y otro el de las denuncias contra Blanco, y quienes lo acompañaron en la anterior administración. Pero, hay otros que los consideran íntimamente relacionados y ven en la remoción de Carmona una acción dirigida a proteger al hoy diputado federal morenista, buscando se declare como improcedente la solicitud en la Cámara de Diputados, presentada ayer.
La única forma de atajar esta última interpretación es que Edgar Maldonado dé continuidad legal e institucional a los procedimientos e investigaciones, ahora a su cargo, al mismo tiempo en que la gobernadora se deslinde por completo de cualquier sospecha de estar involucrada en algún tipo de protección a su antecesor.
El caso Morelos hoy es nota en todos los medios de comunicación nacionales y en los deportivos. Será objeto de mucha polémica. Uriel Carmona promovió recientemente dos nuevos amparos, a fin de evitar su aprehensión, radicados en el Juzgado Décimo de Distrito del Décimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, con el número de expediente 153/2025.
Esta historia continuará mientras no se resuelva la duda de fondo: ¿El problema es Carmona o es Blanco? Al primero ya lo sacaron de la jugada. ¿De verdad se terminarán con eso los señalamientos contra el segundo? ¿El enlazamiento mediático de los casos de Carmona y Blanco son solamente una controversia coyuntural?
Y para iniciados:
Ahora viene la otra gran jugada maestra. La armonización de la reforma al Poder Judicialen el estado de Morelos. La iniciativa enviada al Congreso local por la gobernadora, Margarita González Saravia, de 122 páginas, propone, y así se hará, la elección de la totalidad de los cargos de elección popular del Poder Judicial local, junto con las elecciones ordinarias del 2027. Este documento amerita mucho y muy detenido análisis. En eso estaremos en las próximas semanas.
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