Casi todos los medios de comunicación, incluidos los deportivos, han retomado la presentación de las denuncias del día de ayer en contra de funcionarios de la administración del gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo.
En forma independiente a la cuantía de los quebrantos al erario o del tipo de irregularidades observadas, se dejó muy claro por parte de la consejería jurídica y de la contraloría estatal, a cargo de Edgar Antonio Maldonado Ceballos y Alejandra Pani Barragán,respectivamente, la existencia de irregularidades, constitutivas ya bien de delitos o de faltas administrativas, presumibles por la evidencia documentalmente soportada.
Eso nos lleva un primer adelanto de las conclusiones: deberán existir exfuncionarios procesados y sancionados. Y, como lo afirmaron las nuevas autoridades, se trata del primer paquete, es sólo un bloque de carpetas ya integradas, ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular, Juan Jesús Salazar Núñez, comprometió celeridad en las investigaciones.
Aunque no es fácil creer en el compromiso de Juan Salazar, debido a la enorme cantidad de carpetas de investigación con años en los archivos, ya no sabemos si cubiertas de polvo o telarañas, mientras otras pocas avanzan de repente con una gran rapidez, haciéndonos cuestionar sobre si la autonomía no se ha convertido en discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones, Salazar Núñez tendrá la oportunidad, con estas primeras y otras a presentarse en las siguientes semanas, de enviar a la sociedad morelense, más allá de las declaraciones a medios, con hechos, la disposición y el profesionalismo, presumido más no probado, a lo largo de su gestión. Para utilizar la jerga futbolística, a propósito de las denuncias contra la administración de Blanco Bravo, el balón está ahora en la cancha y en posesión de Salazar Núñez.
Por lo pronto, hablaron de una suma en general de unos cuarenta millones, pero deberán ser presentados otros bloques de carpetas en próximas fechas. Los funcionarios señalados tendrán, a su vez, la posibilidad de utilizar el famoso “criterio de oportunidad”, cuando sean citados a rendir sus declaraciones, primero en as investigaciones y, luego, en los procesos judiciales, para revelar los nombres de quiénes ordenaron la maquinación de tales o cuales irregularidades. Y ahí no habrá salida, o señalan al superior correspondiente o cargan ellos con toda la culpa y las sanciones.
La pregunta es: ¿saldrá a relucir el nombre del hoy diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo? Pongo un par de ejemplos. José Gerardo López Huérfano, exsecretario de Hacienda o Ana Cecilia Rodríguez González, extitular de Desarrollo Económico, cuyo jefe directo fue Blanco Bravo, ¿serán capaces de señalarlo?
Un caso de llamar la atención es la compra/venta irregular de lotes por parte del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Ya lo corroboraron las autoridades. Fueron transacciones irregulares. Están involucrados exfuncionarios como Sandra Anaya, Gerardo Becerra y Mónica Boggio, por mencionar algunos de los más conocidos. Fueron conminados a regresar los terrenos. Y, de apresurarse a devolverlos, ¿quedarán sin sanciones las irregularidades cometidas?
Y para iniciados:
Justo cuando se está llevando a cabo la valoración de los primeros cien días de gobierno de Margarita González Saravia acontece el asesinato de cinco personas participantes en las elecciones comunales en Huitzilac. No obstante ser cierta la disminución de los índices delictivos en los primeros meses de este gobierno, la tragedia del día de ayer pone de relieve de nuevo los temas de la inseguridad y el crimen organizado. No será suficiente ver resultados poco a poco. Urge dar mayores capacidades y facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, comandada por Miguel Ángel Urrutia Lozano, para la prevención delos delitos.
La información es PODER!!!
