“Prometer no empobrece”, bien reza el dicho mexicano. Tónica favorita de los políticos en general, forma expectativa en sus audiencias pasivas, dudas entre los analistas críticos y severos cuestionamientos provenientes de sus adversarios.
Para el siguiente año, los principales ejes de la gestión de gobierno, planteados por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, son la política social, la estrategia de seguridad, el desarrollo de infraestructura y la atracción de inversiones. Nadie en su sano juicio podría oponerse o querer el fracaso de ninguno de ellos, pues el bienestar de la población depende del éxito de las políticas públicas. Su fracaso se traduce en perjuicios de mayor o menor envergadura, para uno u otro sector de la población, pero, al fin de cuentas, no dejan de ser daños. Por tanto, la apuesta es porque al gobierno del segundo piso le vaya muy bien.
Sin embargo, conseguir los objetivos y entregar buenas cuentas en cada uno de estos rubros, depende, directamente, del cumplimiento de los presupuestos en materia económica. El paquete presupuestal aprobado hace unos días contiene esos criterios específicos sobre los ingresos, los recursos esperados, pues, y la forma de distribuirlos, de aplicarlos.
Matemática, financiera y estadísticamente los retos para el 2025 son grandes. No imposibles de sortear, porque están previstas las salidas para enfrentarlos, aun fallando los pronósticos sobre el crecimiento económico, el mercado de divisas, el precio del petróleo y hasta la variación en el monto de las inversiones nacionales y extranjeras o de las remesas provenientes de los Estados Unidos.
No obstante, si todo sale bien para el gobierno de Sheinbaum y México no resultara afectado económicamente, por consecuencia de variables fuera de su control, como el cumplimiento de las amenazas arancelarias y migratorias de Donal Trump, por ejemplo, difícil, pero posible, de todas formas, el país terminaría el siguiente ejercicio fiscal con un déficit del 3.9% y con una deuda adicional a la ya existente de 1.2 billones de pesos. Eso, así está calculado, previsto y aprobado oficialmente. Esa es la propuesta -y la apuesta- del Poder Ejecutivo, avalada por el voto mayoritario de Morena y sus aliados en el Congreso.
Pensemos un poco a futuro, más allá del 2025. Digamos, al 2030. De mantenerse un ritmo de endeudamiento de 1.2 billones por año, nuestra deuda se incrementaría en 7.2 billones. Sumados a la actual, de alrededor de 17 billones, llegaríamos al final del sexenio con una deuda de más de 24 billones. Andrés Manuel López Obrador recibió al país con una deuda de 10 billones. Si todo sale conforme a los planes de la cuarta transformación, dentro de unos años el gobierno la habría incrementado en un 150%.
Pero ¿y si salen mal los pronósticos de ingresos para el 2025? No se preocupe, no se quedarán sin fondos los programas sociales, ni los trenes a construir, ni el Tren Maya, ni el AIFA, ni los sueldos de los funcionarios… Se contratará más deuda y listo. Unos dos billones y problema resuelto… ¡temporalmente! A la larga -2028, 2029- pues ya quién sabe.
Sin contar los temas de la inseguridad y del combate al crimen organizado, en concreto, el mayor reto para el año siguiente, y los demás, será el económico.
Y para iniciados:
Nos confirman de allá arriba: sí, habrá operativo enjambre también en otras entidades federativas, incluyendo Morelos. Pero, primero, atender las prioridades por la violencia desatada y sin tregua por las diferentes facciones de los grupos criminales en estados como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Tabasco. Información tienen. La cooperación con la DEA no solamente se reestablecerá, sino se fortalecerá. Y hasta podrían caer pesos muy pesados.
La información es PODER!!!