La llamada «reforma judicial» impulsada por el gobierno de la 4T ha sido presentada como un avance hacia el fortalecimiento democrático, pero al analizarla con detenimiento, se evidencia que más que una mejora, busca consolidar un régimen autoritario, sin contrapesos.
La elección de jueces, bajo un proceso plagado de irregularidades y presiones políticas, no solo pone en riesgo la independencia judicial, sino que amenaza con sumir al país en una crisis de legalidad y gobernanza.
Este proceso, que ya ha sido ampliamente rechazado por la sociedad y diversas organizaciones internacionales, como la ONU y la OEA, está impulsado por intereses que poco tienen que ver con el bienestar democrático de México. La compra de votos, el acarreo y las irregularidades en la selección de jueces se sumarán a un largo historial de actos ilegales que han puesto en duda la viabilidad del sistema judicial en el país.
Además, las implicaciones económicas son graves. Los socios comerciales de México, como Estados Unidos y Canadá, ya han expresado su preocupación ante este desmantelamiento del Poder Judicial, lo que podría acarrear sanciones comerciales y afectar la inversión extranjera, perjudicando directamente a los ciudadanos mexicanos.
El INE mismo ha advertido sobre el riesgo de fraude en el proceso, lo que sólo confirma las serias dudas sobre la legitimidad de esta reforma. De llevarse a cabo tal como está planteada, esta «reforma» no será una fiesta cívica, sino una sentencia a la democracia mexicana.
¿Realmente queremos participar en un proceso que, en lugar de fortalecer, entierra nuestras libertades y derechos? Es momento de reflexionar sobre el futuro de nuestro país y sobre si queremos seguir adelante con un sistema judicial que respete la ley, o uno que dependa únicamente de los caprichos del poder.
Pues así las cosas, ya hoy amanecemos con un estatus dudoso de la selección que se ha llevado a cabo por los comités de selección de juezas y jueces, magistrados y magistradas, así como ministras y ministros … tiempo al tiempo!
