La novena Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, con sede en Morelos, nos lleva necesariamente a preguntarnos sobre este complejo, profundo e histórico problema. Veamos.
La historia de la política, desde los más remotos tiempos, está asociada a la historia de la corrupción.
La corrupción ha estado presente desde la antigua Grecia, época en que se entendía como cualquier forma de abuso en el ejercicio de un cargo público para la obtención de un beneficio privado y hasta la reciente investigación en curso del gobierno chino, en contrade su ministro de Defensa, Dong Jun. Por cierto, el tercer titular consecutivo del mismo cargo en ser acusado de corrupción. Y ya ni hablemos en específico de los sonados casos mexicanos en los que, encima de la corrupción, priva la impunidad.
La corrupción en el servicio público se traduce en sobornos, extorsión, tráfico de influencias, nepotismo, malversación de fondos, colusión entre autoridades para la comisión de delitos y cuanta actividad usted se imagine para la obtención de beneficios personales o de grupos.
La corrupción en el mundo ha llegado a tales niveles que se llevan a cabo estudios periódicos para poder clasificar a los países, según el uso indebido del poder público, en cada caso. Los datos más recientes y confiables, disponibles en la sede de Berlín, de Transparencia Internacional, ubican como los países menos corruptos aDinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suecia, así como los más corruptos a Siria, Somalia, Afganistán, Venezuela, Yemen y Corea del Norte.
En esa lista, México ocupa el vergonzoso lugar 126 entre 180 naciones estudiadas, siendo percibido como bastante más corrupto que países como República Dominicana, Argentina, Colombia y hasta Cuba, por mencionar solamente algunos de nuestro continente. La corrupción en México ha llegado a tales grados que abanderar su combate funcionó muy bien para la campaña presidencial y el discurso cotidiano de Andrés Manuel López Obrador. Pero solamente como propaganda política, pues no fue ni siquiera abierta una carpeta de investigación sobre los actos de corrupción relacionados con su círculo cercano, a pesar de las pruebas documentales y testimoniales que fueron expuestas por los medios de comunicación.
Y tan se quedó solamente en discurso político y no en combate real, efectivo, que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha transformado, para usar el término preferido por la 4T, a la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que será encabezada por Raquel Buenrostro, una vez que sea ratificada por el Senado de la República, lo que sucederá en unas cuantas horas más.
Por el momento, no nos queda más que esbozar algunas preguntas que el gobierno no podrá contestar más que con frases hechas y evasivas: Si en México ya no se permite la corrupción, como no se cansó de repetirlo López Obrador, ¿qué caso tiene elevar al nivel de secretaría de Estado el combate a la corrupción? Si la corrupción se comete en el gobierno ¿por qué permitir que su combate y sanción sean centralizados en una dependencia gubernamental, quedando las propias instituciones, claramente, como juez y parte? Dada la estrategia de concentración del poder y de la toma de decisiones que ha desarrollado el régimen a lo largo de los últimos seis años, ¿cuál será el destino de los órganos autónomos e independientes creados para investigar y sancionar la corrupción, como las fiscalías que están de visita en Morelos?
¿No será, acaso, que el tema de la lucha contra la corrupción -problema real y vigente- también lo han transformado, pero para hacer uso político en lugar de en verdad combatirla?
Y para iniciados:
Una clara muestra de que la centralización del combate a la corrupción no es la vía correcta para lograr que sean investigados y sancionados los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción, fueron las declaraciones del día de ayer de Juan Salazar Núñez, fiscal anticorrupción de Morelos, al afirmar que, por su parte, no existe ninguna carpeta que haya sido judicializada en contra de José Antonio Ortiz Guarneros, mientras ya se sabe que, por otras instancias, sí las hay, y el exfuncionario se encuentra doblemente amparado para no ser detenido.
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