Ante la muerte no esclarecida de 19 mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social 16, CEFERSO 16, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó una audiencia en donde diversas organizaciones manifestaron su preocupación por los decesos que las autoridades han determinado como suicidios.
Desde 2019 hasta la fecha, se ha reportado el “suicidio” de internas; familiares, organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de la Defensoría Pública, han denunciado que la reclusas “carecen de acceso a servicios adecuados de salud, padecen de una alimentación deficiente, sufren castigos constantes, tienen pocas actividades recreativas y mantienen escaso contacto con sus familiares que raducan en otros estados”.
La CIDH expresó su preocupación por las muertes no esclarecidas y, remarcó las inconsistencias entre lo señalado por el Estado y lo afirmado por las organizaciones solicitantes. Además, solicitó a las partes a brindar información sobre el avance de las medidas y reafirmó su compromiso en la atención de esta situación.
El 7 de enero de 2024, cuando sumaban 13 los casos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 276/2023 al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por violaciones a los Derechos humanos de trece mujeres privadas de la libertad que se quitaron la vida al interior del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 (CEFERSO 16), ubicado en Coatlán del Río, Morelos, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de esa entidad por omisiones y dilaciones en la investigación de dichos casos.
Por su parte el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, señaló que entre casi Estado mexicano ha fallado gravemente en la implementación de medidas de prevención, investigación y no repetición.
Explicó que en casos de muertes potencialmente ilícitas, como lo son las registradas en el CEFERESO 16, es esencial aplicar protocolos de investigación como el de Minnesota, así como las directrices del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que establecen procedimientos y pautas para esclarecer las muertes en custodia, además se debe asegurar incorporar un enfoque de género en las investigaciones.
“De acuerdo con la recomendación 276/2023 de la CNDH, en la mayoría de los casos, la Fiscalía General del Estado de Morelos, que inicialmente conoció del caso, no exploró las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos, limitándose a la apertura de una carpeta y la recolección de indicios básicos, sin que se considere el contexto de vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad ni sus antecedentes de salud mental. Posteriormente las investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía General de la República, sin que se conozca el avance de las mismas.
Aunado a esto, las familias de las mujeres fallecidas en el CEFERESO 16 han manifestado que no se les ha brindado información clara ni detallada sobre las investigaciones. Tampoco han recibido información suficiente sobre los servicios de atención a víctimas, ni sobre el estado de los casos”.
