Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda bloquearon este miércoles el acceso a las fosas comunes en el panteón Pedro Amaro, en Jojutla, demandando la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) para supervisar los trabajos de exhumación y garantizar la transparencia en el proceso de identificación de restos. Las familias realizaron el cierre como medida para evitar lo que consideran una repetición de errores en las identificaciones de años previos, en los que, según denunciaron, se afectó la dignidad y certeza de las investigaciones.
El fiscal especial en desapariciones, Luis Goytia, encabezó la apertura de los trabajos y presentó al equipo asignado, que incluye peritos y notarios. Goytia aseguró que la Fiscalía de Morelos solicitó la intervención de las autoridades federales. “Se envió la solicitud formal a la FGR y a la Guardia Nacional, pero ambas instituciones declinaron”, explicó, señalando que, pese a la ausencia de estos organismos, los trabajos cuentan con la participación de peritos del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) y el monitoreo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).
Sin embargo, las familias expresaron desconfianza, recordando fallos previos de la Fiscalía de Morelos en procesos de identificación. “No podemos permitir que la misma falta de rigor vuelva a poner en riesgo los restos. Necesitamos certeza de que este proceso será diferente”, afirmó Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven desaparecido y localizado en las fosas de Tetelcingo. La vocera de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas (BNBP), Valeria Zapata, detalló que los oficios enviados a la FGR y GN fueron tramitados solo 15 días antes del inicio de los trabajos, lo que consideró como una muestra de “desorganización y falta de compromiso”.
Ante la falta de respuesta de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, los colectivos y familiares elevaron su petición a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando su intervención. Hernández declaró: “Si la gobernadora sigue desoyendo nuestros llamados, no tendremos otra opción que recurrir a la presidenta de la República. Esperamos que, con su jerarquía e investidura, convoque a las instituciones pertinentes para que estos trabajos de identificación puedan realizarse de forma digna y transparente”.
Después de la conferencia de prensa, los familiares formaron una cadena humana para bloquear el acceso a la «zona cero». “No vamos a movernos de aquí hasta que la FGR y la GN estén presentes, y hasta que nos den garantías reales de que este trabajo será diferente”, declaró una integrante del colectivo. Ante la negativa de las familias a permitir el ingreso, el personal de la fiscalía se retiró temporalmente.
Hasta el cierre de esta edición, no se había emitido respuesta por parte de las autoridades federales o de la gobernadora.
