En septiembre 27 de 1960 el entonces presidente de México Adolfo López Mateos dirigió una Carta al Pueblo de México, diciendo lo siguiente:
“Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.
Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación que conformamos.
Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética; sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera.” Hasta aquí la cita.
Casi a la medianoche del 11 de octubre de 2009, una hora después de que militares y policías federales ocuparan las instalaciones de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en el que se determinaba la extinción de ese organismo descentralizado.
El argumento nodal para la liquidación fue que, por su comprobada ineficiencia operativa y financiera, representaba un costo tan elevado que ya no resultaba conveniente para la economía nacional ni para el interés público. Con este decreto dio inicio el proceso de liquidación administrativa, en tanto que la operación eléctrica se transfirió a la Comisión Federal de Electricidad.
El 31 de julio de 2018 Manuel Bartlett Díaz declaró referente a su nombramiento como director general de la Comisión Federal de Electricidad: “Llego a que me enseñen qué se ha hecho y poner los correctivos y no sea una empresa moribunda. (…) Es una empresa que ilumina este país desde 1937 y no está cumpliendo su función; no podemos permitir que desaparezca”
El pasado miércoles la presidenta Sheinbaum firmó la reforma energética lanzada por López Obrador: “Es una reforma que en una parte muy importante le devuelve al pueblo… las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en el 2013 se privatizaron…».
Entre las reformas más importantes están la que elimina de la constitución el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituyen por el de “empresas públicas del Estado”.
La reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por el expresidente, Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013, significaba el final de los dos monopolios de Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y la creación de una industria petrolera y eléctrica que no se redujera a esas dos empresas como únicos oferentes.
Esa reforma abrió la puerta a la inversión en alternativas energéticas a las que CFE y Pemex no tenían la capacidad de llegar por sí solas. La posibilidad de invertir en nuevos recursos energéticos era, sin duda, una de sus principales ventajas.
La realidad ha demostrado que tanto la CFE como PEMEX nunca fueron productivas, no se capacitaron técnica y administrativamente en materia eléctrica y petrolera tal y como decretaba el presidente López Mateos. Desde los ochenta ambas empresas han subsistido por el subsidio que les entrega hasta la fecha el cómplice de sus malas administraciones, el gobierno federal, a pesar de que éste se ha visto altamente expuesto crediticiamente al exagerar su deuda soberana.
La verdad es que la reforma de 2013 no privatizó ni a Pemex ni a la CFE. Todas las acciones se mantuvieron en manos del gobierno. Lo que hizo fue convertirlas en «empresas productivas del Estado» para que tuvieran la obligación de ser competitivas y no una carga para el país, como lo han sido hasta la fecha y dudo mucho que dejen de ser las más grandes rémoras de México.
Hoy con la contrarreforma, ni Pemex ni CFE tendrán obligación de ser rentables, o sea ya no tienen que demostrar sus pérdidas o ganancias y el gobierno federal ya no tendrá que justificar que siga tirando el dinero del erario nacional.
El gobierno federal debe operar positivamente a las empresas de energía para darnos precios más bajos. Según el informador nacionalgasolinero.com el precio promedio de la gasolina regular de la semana pasada en México fue de 23.90 pesos por litro, mientras que, en Estados Unidos, según reporte de gasprices.aaa.com, el promedio era de 3.13 dólares por galón, o sea, 82 centavos de dólar o 16.71 pesos por litro a la tasa del momento.
Aparentando soberanía, el sostener a Pemex nos está costando 43 por ciento más por una gasolina de inferior calidad. Nos iría mejor si fuera una mercancía común y corriente, como en el resto del mundo.
¿Quién es masiosare señora presidenta? ¿Un extraño enemigo?
