El ex subsecretario de evaluación y seguimiento de obra, José Gonzalo Mariscal Álvarez y la ex directora General de obras públicas, Lucero Jeannin Ambriz González; junto con un ex supervisor de obras, Gonzalo N, fueron vinculados a proceso por haber permitido la adjudicación directa de una obra por 50 millones de pesos en el Teatro Ocampo.
La Fiscalía Anticorrupción emitió el siguiente comunicado:
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos obtuvo vinculación a proceso por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público contra el exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra y la exdirectora General de Obras Públicas por presuntamente avalar de forma indebida la adjudicación directa de la rehabilitación del Teatro Ocampo, a favor de la empresa Olve Construcciones S.A. de C.V., por 50 millones de pesos. También un exsupervisor de obra fue vinculado por Ejercicio Abusivo de Funciones.
Al presentar sólidos datos de prueba, este martes 17 de septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción logró que una Jueza dictara vinculación a proceso contra el exsubsecretario José Gonzalo “N” y la exdirectora Lucero “N”, quienes presuntamente en el año 2018, incumplieron con sus obligaciones, ya que, pese a tener conocimiento que el patrimonio del Estado podría verse gravemente afectado, no expidieron las bases de licitación para la obra, ni evaluaron cualitativa y cuantitativamente la propuesta de Olve Construcciones, así como tampoco evitaron la indebida contratación, ya que por Ley las adjudicaciones directas no debían exceder los 2.5 millones de pesos.
Mientras que, el exsupervisor de obra Diego Alberto “N” incumplió con su obligación de verificar la ejecución y cumplimiento de la obra en los términos pactados en el contrato de obra pública, que señalaba que la rehabilitación contemplaba realizar un edificio de siete niveles en el Teatro Ocampo, pero ahí no se hizo ningún trabajo, sino, que se realizaron algunas adecuaciones en el Edificio Ocampo, que se encuentra a un costado del teatro.
A solicitud de la agente del Ministerio Público se impuso firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) y se dieron tres meses para el cierre de la investigación. De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».
