En sociedades altamente ideologizadas con determinada orientación, es muy complicado arbitrar jurisdiccionalmente los conflictos que tienen que ver con el poder y los poderosos.
Estamos a punto de ver como se comienza a desarticular al sistema de justicia tal y como lo conocemos, aunque la inmensa mayoría de los asuntos que resuelven los jueces no tiene nada que ver con los conflictos que polarizan a ese sector de la sociedad al que se ha ideologizado y por ende, polarizado.
Así de complicado es que un sistema de justicia funcione correctamente en un entorno de antagonismo contundente.
La polarización e ideologización estimamos que destruye los basamentos de la racionalidad compartida y de la búsqueda de acuerdos o consensos. Y eso mismo es justamente el riesgo de elegir juzgadores a través del voto popular, porque entonces se habrá derribado la capacidad de los jueces y los procesos judiciales para arbitrar los conflictos de manera apegada estrictamente a la Ley, con transparencia, con alto sentido de la responsabilidad y de análisis profundo y serio de los conflictos legales dentro del marco del respeto a los derechos humanos.
Lamentablemente podemos advertir que desde hace un tiempo se viene dando una creciente polarización en la sociedad y la clase política, que se dividen en dos bloques antagónicos, con visiones y creencias opuestas. Es un fenómeno binario: se está de un lado o del otro, o peor su , sino estás de un lado estás en contra del otro. Las posiciones intermedias son muy difíciles de sostener en medio de la guerra.
La complejidad y profundidad del debate público se deterioran sustancialmente, porque la lealtad al grupo es mucho más importante que las ideas, las razones y los argumentos de fondo. Los grupos no dialogan entre sí. Las descalificaciones mutuas son el sello distintivo de lo que se ha dado en llamar «conversación». Ninguno de los dos está tratando de llegar a un acuerdo o entendimiento compartido.
¿Qué sucede con los jueces en este contexto? La ley y los argumentos jurídicos no tienen la fuerza que requieren para pacificar el conflicto entre los dos polos; estamos ante un diálogo de sordos o probablemente ni siquiera hay un diálogo, solo se ha permitido hablar, sin que sus opiniones al parecer serán ni consideradas, mucho menos importantes para tener un verdadero parámetro de lo que sucede con la Justicia en general en nuestro país.
La polarización produce un nuevo tipo de conflicto que repele cualquier tipo de acuerdo o negociación, donde una de las partes no está dispuestas a aceptar que no tienen 100% la razón, y la otra por más razones que ofrezca, no es escuchada; en un escenario que se ha dado en exhibir como aquel que ocurre que cuando un juez le da la razón a uno y no al otro, más que actuar como árbitro se convierte inmediatamente en un opositor, y así a la persona Juzgadora se le ha puesto en el centro de un escenario que no creo sola, sino hay muchos actores y todos los demás están apuntándole para sesgar la línea que les toca como Tribunales de todas las materias y de ambos fueros, Fiscales, comunidad jurista, cuerpos policiacos y sociedad en general; bajo esa óptica, es un mundo bipolar donde sólo existen A o B, si el juez opta por B es un opositor de A y viceversa. En parte, la reforma judicial es consecuencia de esta forma parcializada y sesgada de ver a la Justicia.
Como colofón pero también como ejemplo de lo aquí dicho, volteemos a ver qué en las próximas semanas, la Sala Superior del TEPJF va a resolver el asunto más importante de la elección de 2024: cuántos diputados plurinominales le tocan a cada partido y coalición. En específico: si Morena y sus aliados van a contar o no con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De la respuesta que den las y los magistrados a esta pregunta dependerá el tipo de país en el que vivamos en las siguientes décadas. Así de transcendente es la decisión de un Tribunal y de ahí, veremos la actitud que sobrevendrá en consecuencia a esa decisión.
Hay dos posturas claramente que están permeando últimamente: la oficial por así llamarla, que consiste en que si los consejeros y magistrados no resuelven en el sentido que ellos dicen, estarían violando la Constitución. En cambio, para la otra postura, es decir, quienes se oponen, es claro que la Constitución dice otra cosa y que de ninguna manera quien obtuvo 54% de los votos para diputados se puede quedar con 74% de la Cámara.
Si las normas constitucionales se interpretan «correctamente», se llegaría a otro resultado.
Finalmente lo único que podemos afirmar es que pareciera que la Constitución puede interpretarse en cualquiera de ambos sentidos y la Sala Superior debe decidir por uno de ellos, sin embargo, la importancia de lo que hacen los Tribunales radica en emitir la sentencia que sea apegada a la constitucionalidad y a la legalidad, porque la Ley no se debe aplicar al gusto de nadie.
La polarización ha traído un nuevo tipo de conflicto que no hemos entendido cabalmente y que, por tanto, tampoco tenemos los instrumentos adecuados para su gestión y pacificación. ¿Qué hacer al respecto? Esa es la cuestión que queda en el aire para la reflexión de esta semana!
