México no es Venezuela, claro, empieza a surgir con palidez que puede llegar a ser una fuerte pregunta con resonancia social: ¿pero lleva la misma ruta? Disolución del Poder Judicial, toma del control del Consejo Nacional Electoral y desaparición de los organismos autónomos.
Pareciera que se quiere advertir una similitud a partir de la presunción de que el gobierno saliente quiere cimbrar los cimientos de la democracia mexicana al pretender una reforma que busca someter al Poder Judicial, tanto que ya lo confrontó con la ONU, Organización que que advierte violaciones al derecho internacional e intimidación a juzgadores así como la interferencia en su independencia y autonomía.
Ante la denuncia realizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, envió una comunicación al presidente López Obrador en la que muestra su preocupación por dicha reforma, dado que afectará la independencia del Poder Judicial federal.
Así como por “la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas” por éstos.
Las iniciativas propuestas impactarían directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato.
La relatora de la ONU agrega que la desaparición de la carrera judicial abre la puerta a la vulneración del equilibrio entre poderes, dada la desconfianza que existe sobre los procesos electorales, lo cual a quienes hemos ejercido la judicatura, nos queda claro que es muy posible que así suceda.
Esta intención cerrada de cesar a todos los juzgadores sumirá a México en innumerables conflictos y demandas de todo tipo, incluidas las internacionales. Las advertencias de la ONU y de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) convierten a México en una amenaza para las democracias latinoamericanas; y ya ni que decir de la desconfianza en los mercados y la economía en general, porque innegablemente la justicia mercantil y constitucional pasa por esa pretendida reforma.
En un diálogo con dos actores centrales del partido hegemónico, para la elaboración de este texto, se pudo conocer que la afectación presupuestal para cesar a todos los juzgadores, aun de manera escalonada, y organizar un proceso electoral dejaría sin margen económico al gobierno entrante.
Además, se comentó que el INE no puede imponer los distritos electorales sobre los distritos judiciales, porque violaría derechos humanos al dejar poblaciones enteras fuera del alcance de los tribunales. No son equivalentes para una supuesta elección. Esto ya de por si, representa menuda problemática nacional y ni hablar del costo millonario que representaría la implementación de un sistema de sufragio para elección de Juzgadores en general.
Podríamos tener la esperanza de que estos dos actores confiaron en que el gobierno entrante ya pidió al saliente detener la reforma judicial, no por pretender la inamovibilidad de el status quo mexicano, sino porque la pretendida reforma amerita una profunda reflexión de muchos aspectos y la opinión de múltiples actores principales e indirectos en el ejercicio de la Justicia mexicana.
A esto se añade el conocimiento de un análisis de la representación comercial del gobierno de Estados Unidos, conocido por el gobierno actual, sobre el número de disputas a las que será llevado el nuevo gobierno por incumplimiento del T-MEC y las sanciones comerciales aplicables.
Así, la disolución del PJF implica hacer nugatorio el principio de igualdad ante la ley para las empresas estadunidenses y canadienses, ya que se viola el artículo 4º del Capítulo 29 del T-MEC, en el que México se obliga a contar con tribunales independientes e imparciales.
Por razones de espacio, sólo añadiremos que, de acuerdo con el IMCO, 9 capítulos más del T-MEC serán violados por las demás reformas.
La FLAM, a su vez, que agrupa a 18 organizaciones de juzgadores de la región, emitió un pronunciamiento tras una reunión con la directora nacional de JUFED, la jueza Juana Fuentes, en la que se exponen los riesgos para la independencia judicial por el proyecto obradorista. La FLAM advirtió: “No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraria más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”.
