- Además, revelaron que las autoridades les exigen dinero para no alejar a sus familiares
Familiares de personas en situación de reclusión en el Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, (Cereso) denunciaron traslados ilegales y extorsión por parte Jorge Irreal Ponce de León, coordinador de Reinserción Social, exige sobornos de hasta 50 mil para no trasladar a penales federales de otras entidades sus parientes.
En conferencia de prensa, en la entrada principal del Cereso, situado en el poblado de Atlacholoaya Morelos, madres, esposas, hermanas y primas vestidos de playera roja y pantalón de mezclilla, denunciaron que detrás de los sorpresivos traslados que “aparentan ser un esfuerzo por mejorar la organización y funcionamiento de los centros existe una realidad ilegal y oscura”.
“En el caso del traslado de nuestros familiares, a otros centros penitenciarios, no es la excepción (…) estas acciones son implementadas bajo la coordinación de Jorge Israel Ponce de León, y queremos denunciar que son tácticas de represión y extorsión hacia las personas privadas de sus libertad y sus familias”, destacó una mujer que dio lectura al pronunciamiento sin revelar su identidad por temor a represalias.
Agregó: Jorge Israel Ponce de León, a través de su director operativo Jesús Francisco Flores Jiménez, está exigiendo sobornos que van desde los 50 mil a 20 mil pesos a cambio de no reubicar a otros internos y separarlos de sus familias”.
En lo que va de la administración del gobierno actual de Cuauhtémoc Blanco Bravo son más de 583 personas privadas de la libertad han sido trasladadas y muchos de esos traslados han sido calificados por los jueces como ilegales por no cumplir con la normativa aplicable.
Exigencias en la protesta
Las mujeres inconformes lanzaron un llamado a las Fiscalías Generales de la República y de Morelos para que investiguen a las autoridades de reinserción social de Morelos.
“Es imperativo hacer un llamado a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia y a las autoridades pertinentes para que realicen investigaciones exhaustivas y transparentes sobre estas prácticas corruptas”, apuntó una mujer sin revelar su nombre para evitar represalias.
Así mismo pidieron a las autoridades judiciales de Morelos que tomen medidas para evitar injusticias”.
“También hacemos un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para que tome medidas inmediatas para corregir estas injusticias”, refirió.
Por último, instamos a la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad en general a unirse en la demanda por transparencia, justicia y el respeto inquebrantable a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario de Morelos”.
Los trasladaron sin supervisión: CDHE
El pasado viernes el Gobierno de Morelos emitió un boletín con el número 16991, en el que dio cuenta del traslado de 182 personas privadas de la vida a diferentes penales federales y apuntó que todo el operativo fue supervisado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).
No obstante, la CDHM inmediatamente después en un comunicado de prensa con el título “La información difundida por el Gobierno del Estado es falsa” negó haber participado del traslado y señaló lo siguiente:
- No se tiene conocimiento de los procedimientos legales relacionados con el traslado de las 182 ppl´s Centros de Reinserción Federales mencionadas en dicho boletín.
- No fue solicitada, por ninguna autoridad estatal, la participación de esta Comisión en operativo alguno, no se tuvo conocimiento en tiempo y forma, por lo tanto, no se acompañó la supervisión de dicho traslado.
Por lo anterior, este organismo defensor de derechos humanos manifiesta que dicha información difundida por el Gobierno del Estado de Morelos es falsa, y exige al mismo, que se abstenga de usar el nombre de la CDHM para informar situaciones inexistentes.
La CDHM exige al Gobierno estatal hacer lo necesario para que se aclare dicha situación.
Finalmente, se invita a las familias de las personas privadas de la libertad que fueron trasladadas, a que se acerquen a este Organismo, en caso de que consideren que pudieron ser vulnerados los derechos humanos de sus familiares.
