El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Martínez Dorantes, informó que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) invalidó la reforma que presentaron las y los Diputados locales, respecto al marco normativo electoral, también quedaron fuera las reformas vinculadas para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.
En primer lugar, lamentó que las y los diputados que avalaron esa reforma – que hoy ha quedado sin efectos-, utilizaran la lucha histórica que las mujeres en nuestro País han dado desde 1917 en defensa de sus derechos sociales y políticos, para condicionar que en un mismo decreto se incluyera la reforma que combate la violencia política contra las mujeres con la reforma electoral, sabiendo que la reforma electoral por sí misma no pasaría. Actitud totalmente ominosa y con la cual se hizo violencia contra la mujer.
Destacó que la no inclusión de dichas reformas en nuestro marco jurídico local no impide la aplicación de diversos instrumentos jurídicos que el IMPEPAC debe retomar a favor y en defensa de las mujeres que participarán en este proceso electoral.
“Chus” Martínez expuso que existe el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, mismo que ha demostrado ser un instrumento jurídico con la fuerza suficiente para hacer valer los derechos políticos de las mujeres y probado en elecciones anteriores.
“Sobre todo, ha servido para evitar que sufran violencia política en razón de su género”, insistió el regidor panista quien recordó que los objetivos del protocolo buscan responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia.
Explicó que a partir de la unificación de criterios, conceptos y procedimientos, un protocolo de actuación sirve para estandarizar el tratamiento de una determinada problemática e identificar las responsabilidades particulares de las personas, áreas o instituciones.
En ese sentido, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género tiene como propósito orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al deber de debida diligencia.
El regidor del PAN, enumeró los objetivos de este instrumento: facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, servir de guía para las autoridades en la atención de esta modalidad de la violencia, en el ámbito federal, de conformidad con sus atribuciones, favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales, para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género; y orientar a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género en el ámbito federal y local (estatal y municipal) acerca de lo qué es y no es dicha violencia, así como de las autoridades a las que pueden acudir para ser atendidas.
El regidor insistió en que se ha dado ya a nivel federal una gran reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género que abarca tanto al ámbito Federal, Estatal y Municipal incluyendo a los partidos políticos y al poder judicial.
De lo anterior se desprende la urgente revisión de las acciones necesarias a poner en marcha, de entre las cuales habrá de proponer lo conducente a nivel municipal.
Finalmente comentó que la violencia política contra las mujeres es un atentado contra su dignidad y contra la democracia.
