La denuncia presentada el día de ayer por la senadora Lucía Meza Guzmán no es un asunto menor. Todo lo contrario. Si bien el ejercicio de cualquier tipo de violencia es reprobable y susceptible de ser sancionada, en especial, la violencia política de género ha cobrado gran relevancia en los últimos años.
Luego de que en las elecciones del año 2015 fuera visibilizada la falta de leyes específicas para combatir la violencia política de género, debido al incremento de denuncias de hechos de este tipo, fue formulado un “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, que se ha mantenido vigente, no obstante que ya existen avances jurídicos en la materia.
Vamos a verlo primero en términos teórico-normativos. En suma, la violencia política de género se puede definir como la obstaculización del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, teniendo como premisa su derecho a vivir una vida libre de violencia.
El protocolo va desde la identificación de actos considerados como violencia política y hasta lo que debería ser una adecuada coordinación entre las instituciones a las que corresponde atender estos casos, tanto en el ámbito municipal como en el estatal y federal, buscando evitar mayores daños a las mujeres víctimas, sus familias y su gente cercana.
Este tipo de violencia consiste tanto en acciones como en omisiones, por cuestiones de género, que buscan menoscabar o impedir que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales o les sean negadas las prerrogativas que corresponden a un cargo público.
Las agresiones pueden ser físicas, sexuales, psicológicas, económicas, patrimoniales, verbales e incluso simbólicas. Se pueden producir tanto en lo público como en lo privado y efectuarse por cualquier medio, incluidos los de comunicación digital, donde, a falta de una regulación específica en redes sociales, se hace difícil dar con los responsables de las publicaciones anónimas.
Entre los actos que constituyen violencia política de género destacan las amenazas, como las que ha denunciado la senadora Meza Guzmán, que son las más frecuentes, seguidas de las igualmente condenables, como lesiones, secuestro, hostigamiento y que pueden llegar hasta el condenable feminicidio.
Dependiendo del tipo de agresión, toca a diferentes instituciones atenderlas: fiscalías, institutos y órganos de gobierno. Sin embargo, si no se procura la adecuada coordinación interinstitucional las denuncias suelen quedar en el olvido y los delitos en la impunidad, como se ha visto en múltiples casos.
En el caso específico de la denuncia presentada por Lucy Meza destaca que es contra la figura de Cuauhtémoc Blanco y quien resulte responsable, un hombre que ha sido señalado públicamente, en medios de comunicación deportivos y de espectáculos por su carácter voluble y actos violentos, que llegó a ser demandado por los mismos en diferentes ocasiones, siendo públicos sus desplantes y afrentas.
Pronto tendrá que dar respuestas, primero en lo mediático y después en lo judicial. Nadie espera mucho de lo que pueda decir ni tampoco que llegara a ser sancionado, aunque el caso se escuche en Palacio Nacional, pues en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido en su defensa.
Sin embargo, sí sería deseable que por lo menos la denuncia sirva para que la senadora Lucy Meza y su gente cercana dejen de ser objeto de agresiones de cualquier tipo. Se trate de quien se trate la violencia es inaceptable.
Y para iniciados:
Todavía falta para definir los nombres que estarán en las boletas para elección de gobernador el próximo año. Los riesgos de rupturas se perciben y se comentan. Hay quienes cuentan con capital político suficiente como para ser tomados en cuenta por Movimiento Ciudadano, otros que esperarían la ruptura del PAN con el Frente Amplio y partidos locales que sin candidaturas competitivas estarían condenados a perder su registro. Al respecto, tenemos novedades estadísticas que mañana daremos a conocer, en la siguiente entrega de nuestro Tracking Poll.
La información es PODER!!!
