Actualmente el Poder Judicial Federal se encuentra en una situación que compromete su independencia y autonomía Judicial, pues sobre ella han intervenido otros poderes quienes de manera arbitraria han vulnerado parte de los derechos y facultades que benefician a los servidores públicos de este Poder tan importante para el Estado de Derecho.
Como se ha explicado en artículos anteriores, la autonomía judicial garantiza la plena defensa de los derechos humanos; por ello, es tan importante que nadie pueda inmiscuirse, mucho menos afectar las dinámicas que permitan la correcta labor del mecanismo jurisdiccional.
En contra de lo anterior, el pasado dieciocho de octubre del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó la extinción de trece de los catorce fideicomisos con los que contaba el Poder Judicial de la Federación, los cuales eran utilizados para cubrir distintas necesidades para su funcionamiento. Fideicomisos que se destinan particularmente para el pago de pensiones para mandos medios, y superiores, así como para el personal operativo quienes son los que menores ingresos perciben. Por otra parte, son también para cubrir casos de extrema urgencia médica y para apoyo de vivienda en casos de que tengan que cambiar de residencia por motivos laborales.
Además, es importante citar que el recorte de presupuesto, corresponde a quince mil doscientos ochenta millones de pesos, con lo que, no solo se genera una afectación directa a las personas que laboran para el Poder Judicial de la Federación, sino también de manera colateral se afecta a los justiciables. Esto es así, debido a que parte de estos fideicomisos es destinado para la adquisición, construcción y remodelación de Órganos Jurisdiccionales, así como a la capacitación del personal. Lo que quiere decir que, de manera intrínseca al desaparecer este recurso también se limita la especialización de los servidores públicos, lo que de forma evidente vulnera la impartición de justicia.
Lo anterior, sin duda alguna representa un problema para el Poder Judicial, empero, afecta la esencia de la división de poderes, pues si el propósito que se persigue es fortalecer la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, para ello no es necesario la extinción de los fideicomisos, en atención a que, de por medio se está afectando la autonomía presupuestal con la que cuenta el poder Judicial.
Lo que quiere decir que, ante la invasión a su independencia, el Poder Judicial y el país entero se encuentran en un estado vulnerable, pues se están aperturando puertas en las que un diverso poder pretender tomar partido y limitar la forma de trabajo de uno ajeno a él, lo que se encuentra prohibido por las normas, al ser claro, que cada uno de ellos deben regirse por sus propios normas y no pueden intervenir en cuestiones que perjudiquen al otro.
Finalmente los fideicomisos resguardan derechos adquiridos de la clase trabajadora de la institución y se concluye citando que las decisiones políticas, no pueden estar por encima de la Carta Magna, ni de la verdad, ni de la ley; porque si así fuera, se violaría la Constitución.
