En más de una ocasión, ha quedado ampliamente demostrado, –desde la ciudadanización progresiva del Instituto Federal Electoral, hasta el hoy Nacional Electoral–, el error estratégico, jurídico y político de menospreciar a las leyes, organismos y órganos jurisdiccionales en materia electoral. México, a pesar de los contratiempos propios de la resistencia al cambio, es, cada vez más, un país de leyes y apego al diseño constitucional que le refrenda como República.
La ciudadanía, –el pueblo–, somos cada vez más participativos, exigentes e incluso demandantes ante el actuar en la vida pública, de la interacción e interlocución política, que favorablemente fortalece el desarrollo democrático, que en algún momento nos permita alcanzar niveles superiores, óptimos, de justicia social, igualdad de oportunidades y bienestar en entornos comunitarios de gobernabilidad y paz social.
Adicionalmente, la creciente cultura de legalidad y genuina politización del conglomerado social, obliga a la prudencia, a la cautela en la observancia de la ley en el momento transicional que viven de manera conjunta las instituciones, los sectores y actores políticos. Es mucho lo que está en juego, comenzando por el Estado de Derecho, por la definición del rumbo que habremos de seguir como país, la decisión del régimen que convenga a la República, pero igualmente importante será, la elección de quién será la próxima o el próximo Presidente de México.
Es por ello que se vuelve prudente si no reconvenir, al menos recomendar a quienes aspiran de manera legítima a presidir el Poder Ejecutivo Nacional, que observen con mayor cuidado el apego de sus actos a las normas y leyes que, por mucho que pudieran ser discordes a la realidad política, no dejan de estar vigentes y, por tanto, son de cumplimiento ineludible; no hacerlo, pone en riesgo de inelegibilidad, sin importar su origen partidario, a cualquiera de las y los aspirantes, lo cual trasladaría de inmediato una exacerbada presión política y social tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el simple hecho de hacer valer ley, vulnerando la estabilidad y fortaleza de la autoridad electoral, pero generando un daño colateral aún más intenso y disruptivo para la gobernabilidad y estabilidad política del país, circunstancia que estaría igualmente propiciando una recomposición del tablero político-electoral, en el que, ante la sentencia de inelegibilidad de los actores que aspiran, que contienden en este momento, los partidos o coaliciones tendrían que definir una nueva figura para la ahora sí, formal etapa de precampañas electorales debidamente prevista en el calendario que contempla la ley electoral.
Por supuesto que como todo en política, las circunstancias cambian en cualquier momento, pero como ejercicio prospectivo es posible expresar que el bloque que representa la Transformación, no tendría mayor problema en delinear una nueva candidatura, comenzando por la electoralmente rentable figura de quien coordina la política interior del país; sin embargo, la parte de enfrente (v.gr. el Frente), tendría un muy complicado escenario al intentar posicionar alguna otra candidatura, que siguiera la suerte que al momento ha sido favorable para su figura más visible quien, aunque en menor, en equis medida, ha caído ya en el juego de lo que pudieran configurarse como actos anticipados de campaña; y ante esta coyuntura, sería también de ponerle atención a la potencial candidatura del Alcalde regiomontano, cuyo nombre evoca aún, al México de cambio al que la historia cerró el paso de manera trágica hace cinco elecciones presidenciales.
Seguramente todavía serán muchas las sorpresas y sobresaltos en torno al Proceso Federal Electoral 2023-2024, que formalmente comenzará hasta el próximo mes de septiembre, pero que tácita e innegablemente arrancó hace ya algunas semanas; entre tanto, el dilema se centrará en el equilibrio entre la rentabilidad y la legalidad político-electoral.
