La gobernabilidad democrática es un concepto fundamental en cualquier sociedad que aspire a ser justa, igualitaria y participativa; y que, en el caso de México, es un proceso de transición, inconcluso, y que ha requerido ya, de varias décadas dado que, para ser alcanzado, demanda consolidar:
– la participación ciudadana y construcción de ciudadanía que de paso a la incidencia de las y los ciudadanos, a ser considerados por el sistema político en la toma de decisiones y el diseño e implementación de políticas públicas efectivas.
– la preeminencia del Estado de Derecho, dado que la gobernabilidad democrática se basa en el respeto a la ley y en que todas las personas, incluidos los políticos y gobernantes, estén sujetos –sin distinción alguna– al cumplimiento irrestricto de la ley, bajo la premisa de que la igualdad ante la ley evita el abuso de poder;
– reforzar la transparencia y la rendición de cuentas; asegurando que la información pública esté disponible, dejando claro que los funcionarios públicos deben ser responsables de sus acciones y estar sujetos a normas y leyes, lo que implica combatir la impunidad y garantizar que haya consecuencias por actos de corrupción y desviaciones en el ejercicio del poder público;
– fortalecer la corresponsabilidad social y política, tanto por parte de la ciudadanía como de los actores y sectores políticos; y
– pleno respeto a los derechos humanos, a fin de proteger y promover las garantías y derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo la libertad de expresión, asociación, y demás derechos civiles y políticos.
Todo ello sustentado en instituciones sólidas que observen respeto a la división de poderes, a la independencia institucional y autonomía de gestión, soportada en el entramado constitucional que jurídicamente nos rige como nación; y como puente de entendimiento tanto social como político, lo cual requiere de disponibilidad al diálogo, al acuerdo y negociación que permitan resolver conflictos y diferencias para la estabilidad y el buen funcionamiento de una vida en democracia, de una democracia constitucional.
Cada una de estas premisas parece obvia y de aplicación simple y lógica; sin embargo, la mejor muestra de que nos es así de sencillo, puede observarse en la mayor parte del siglo XX, en la que México estuvo gobernado por un sistema político presidencialista y autoritario, con una concentración excesiva de poder en la figura del Presidente, que al mismo tiempo se asumía como el jefe de su partido; régimen que a causa de la creciente demanda de libertades civiles, del descontento social, así como la presión internacional, detonaron la transición hacia un sistema más democrático, propiciando la alternancia política en el 2000, cuando fue electo el primer Presidente no perteneciente al partido heredero de la Revolución en más de 70 años.
Desde la alternancia, la competencia política ha aumentado, permitiendo mayor representatividad y participación ciudadana; las elecciones han sido en su mayoría reconocidas como libres y justas, lo que ha contribuido a la legitimidad de las instituciones y organismos jurisdiccionales en materia electoral; no obstante, aún existen desafíos importantes que deben enfrentarse para fortalecer la gobernabilidad democrática, lo cual pasa por reforzar el combate a la corrupción, mermar la persistente desigualdad social y económica, que lacera y genera profundo malestar en amplios sectores de la población, así como el abatir la falta de acceso a oportunidades y servicios básicos, sin dejar de lado la lucha contra la inseguridad y la violencia, problemas que afectan muy negativamente el avance y percepción de la gobernabilidad democrática.
El fin último de dicha gobernabilidad democrática, se centra en establecer las condiciones de equilibrio entre el ejercicio del poder político y el nivel de solución de demandas sociales por parte de los gobiernos de forma eficaz, estable y legítima; teniendo en cuenta que la gobernabilidad y la democracia no son concurrentes de forma obligada y, por tanto, se requiere de un elevado y maduro control social que evite una gobernabilidad al margen de la democracia y en ello, el pasado reciente debe servir de enseñanza que evite que, como sociedad, caigamos en retrocesos.
