La publicación del comunicado de la Presidencia de la República, del día de ayer, en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la inmunidad procesal del fiscal general del estado de Morelos tiene mucho más fondo que el simple argumento de quejarse por la permanencia de “la protección y la impunidad de autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad ciudadana”.
De entrada, la propia base de ese argumento resulta falaz, puesto que la propia Constitución, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, especifican que el Poder Judicial se compone de diferentes órganos para ejercer sus funciones de impartición de justicia. Y las fiscalías generales, autónomas e independientes, de los estados de la República, no forman parte de los poderes judiciales ni locales, ni federales.
Los órganos responsables de impartir justicia, de acuerdo con el artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial son: La Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal Electoral; Los Tribunales Colegiados de Circuito; Los Tribunales Unitarios de Circuito; los Juzgados de Distrito; El Consejo de la Judicatura; el Jurado federal de Ciudadanos; los Tribunales de los Estados y de la Ciudad de México y los órganos correspondientes que sean determinados e instituidos en cada una de las entidades federativas, según sus propias constituciones y leyes orgánicas, que deben sujetarse a lo dispuesto por los ordenamientos federales.
En concreto, a la Fiscalía General del Estado de Morelos no le corresponde la impartición de justicia y, por tanto, el uso de ese argumento como el sustancial en el comunicado de la oficina del presidente, carece de sustento jurídico. La Fiscalía local es un órgano constitucionalmente autónomo, cuyas funciones son la persecución de los delitos que se hayan cometido; la presentación de los presuntos responsables de haberlos cometido, ante las autoridades judiciales, y la representación de los intereses de la sociedad en asuntos del fuero común, como lo son los del orden civil, mercantil, familiar y otros, según lo que dispongan las normas vigentes.
Ahora bien, si tomamos en consideración los continuos y reiterados ataques que ha lanzado el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no sólo contra el Poder Judicial en su conjunto, sino contra todas las instituciones que han hecho valer su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo y, por tanto, en uso de sus atribuciones, han tomado decisiones que no convienen a los intereses, no del pueblo, sino del gobierno en turno, caemos en la cuenta de que en el fondo de este asunto se haya la estrategia de debilitar las autonomías constitucionalmente así reconocidas, a fin de lograr la mayor concentración posible de poder y el control sobre las instituciones.
Finalmente, no creo que haya duda de que al interior del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales en los estados, así como en las fiscalías, igualmente, de la República y las de las entidades federativas, se cometen, prevalecen, diversos actos de corrupción y funcionarios corrompidos y corruptores de adentro y de afuera, cuestión que cualquier litigante que fuera honesto reconocería. Y eso debe combatirse con toda la fuerza de las leyes. Pero son dos temas diferentes: el combate a la corrupción y el de las autonomías constitucionales, que el gobierno actual mete en un mismo cajón, en una clara injerencia a la división de poderes, que debería prevalecer, si no estuvieran en primer lugar los intereses de un proyecto político personal. Ese es el fondo del asunto, en realidad.
Y para iniciados
Los Tribunales Electorales han hecho y seguirán haciendo advertencias a los aspirantes a encabezar las candidaturas que estarán en juego el próximo año, principalmente a los de Morena que, debido a la desesperación por mejorar sus números en las encuestas, pueden dar pasos en falso, cometiendo violaciones a las leyes electorales que podrían incluso llevarlos a sanciones tan graves como la cancelación de postulaciones en el caso de que las consiguieran. Y usted se preguntará ¿por qué están tan desesperadas y desesperados? Pues porque, como en la época hegemónica del PRI, obtener la candidatura es más difícil que ganar las elecciones, nada más que ahora bajo la marca del partido guinda.
La información es PODER!!!
