El Reglamento Federal de Toxicomanía, publicado en el Diario Oficial del gobierno de la República el 17 de Febrero de 1940, los adictos deberían estar registrados ante las autoridades, y con su número de registro y una receta de su doctor, podrían adquirir drogas en cualquier farmacia de la capital del país. Sin embargo, los farmacéuticos no podían vender drogas más allá de las autorizadas para fines terapéuticos.
El Departamento de Salud también creó dispensarios para atender a los «toxicómanos, a quienes no consideraba delincuentes sino enfermos». En esas clínicas el adicto pagaba su dosis y se le suministraba la droga cuando él la solicitara.
El primer dispensario para drogadictos comenzó a operar en la Calle Versalles del centro de la capital; a él acudieron alrededor de 700 personas. Pagaban 20 centavos por la inyección, y entre 10 y 12 pesos por cinco dosis diarias. Salazar afirmó que, gracias a ese dispensario, Lola la Chata estaba perdiendo alrededor de 2 600 pesos diarios.
Los burócratas de Washington (verdadera Sede de La Cosa Nostra) cabildearon en contra de Salazar con funcionarios mexicanos afines a su punto de vista, quienes pronto se aliaron con ellos.
Posteriormente gestionaron ante la Oficina Central Permanente del Opio, con sede en Ginebra, para que impusiera un embargo de medicamentos a México. Esa dependencia era la única responsable de autorizar a ciertos países la siembra y producción de opio y morfina para fines médicos, productos que el gobierno mexicano compraba, principalmente, en Inglaterra y Holanda, a pesar de que en Sinaloa existía una gran siembra de amapola; no obstante, el país no podía procesar el opio para crear sus propios medicamentos.
A los pocos meses el embargo comenzó a tener efecto, y la principal firma farmacéutica de la República Mexicana, la empresa alemana Casa Beick Félix y Cía., comenzó a resentir la escasez de narcóticos terapéuticos.
Harry A. Anslinger informó al gobierno de Lázaro Cárdenas que «el embargo sería levantado cuando México aprobara la suspensión del reglamento».
Debido a las presiones de Estados Unidos, el 3 de julio de 1940 el Diario Oficial publicó «el Decreto que suspende la vigencia del Reglamento Federal de Toxicomanía». La medida se justificó argumentando que debido a la guerra en Europa había grandes dificultades para la adquisición de las drogas.
La diplomacia de Washington se había anotado un trascendental triunfo ante sus homólogos mexicanos, enterrando la revolucionaria medida con la que se pretendía combatir al narcotráfico en México. A partir de entonces regresó el modelo policíaco que perdura hasta nuestros días.
Asimismo, la problemática ocasionada por el flagelo de las drogas, lejos de disminuir, a 81 años de distancia, desde la intención del general Cárdenas por legalizarlas, hasta nuestros días, se confirma con los 120 mil homicidios dolosos acaecidos durante los tres primeros años del presente gobierno de la República.
En el 95 por ciento de los asesinatos estuvo vinculado el crimen organizado en la modalidad de narcotráfico. Desde la “guerra contra el crimen organizado” declarada en 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón, hasta nuestros días, al tráfico de drogas sigue implacable. Ningún estado escapa del flagelo.
Tomado del libro:
«La Cosa Nostra en México (1938-1950)», Juan Alberto Cedillo, paginas. 24-27.
